Irresponsables declaraciones sobre la estrategia de defensa judicial para el resguardo de los activos del estado venezolano en el exterior han servido de motivación para que la narcodictadura reactivara sus mecanismos represivos y de persecución política. Hemos visto así como de la muy ligera afirmación según la cual “dos Cortes de EEUU han confirmado que decisiones de funcionarios del gobierno interino hacen posible la emisión de órdenes de embargo por $19 millardos contra Citgo” (Francisco Rodríguez, How Venezuela lost Citgo), se ha pasado rápidamente a “Guaidó causó pérdidas a Venezuela por $19 millardos al utilizar los recursos de PDVSA para gastos legales” (www.eluniversal.com, 04/10/2023); y de esta, aún más rápidamente, a “Ministerio Público emitió una orden de captura contra Juan Guaidó y solicitará alerta roja de Interpol” (www.elnacional.com, 05/10/2023), obviamente, con señalamiento mediante del siguiente tenor: “Saab acusó a Guaidó de utilizar recursos para financiarse y pagar sus gastos legales (además) obligó a PDVSA a aceptar sus términos de financiamiento”. Quizá convenga mostrar, ante el evidente daño causado, las enormes ligereza e irresponsabilidad de la declaración inicial, la cual pareciera encajar perfectamente en la ulterior reactivación de la represión, como para descartar una casual coincidencia.
Por Enrique J. Sánchez Falcón
Cuando el gobierno interino presidido por Juan Guaidó tomó el control de los activos del Estado venezolano en el exterior (febrero 2019), la situación de Citgo era la de una empresa totalmente hipotecada a consecuencia del desgobierno administrativo de la dictadura que ya había pactado el colateral establecido para los Bonos 2020 (50.1% de sus acciones en garantía) y el préstamo de Rosneft (con garantía del 40.9% restante de sus acciones dadas también en prenda). Dicho sea de paso, del inmenso endeudamiento gubernamental que comprometió a Citgo, no se conoce el destino que tuvieron los fondos resultantes de los mencionados préstamos. Además, para la citada fecha ya se encontraban embargadas, por impulso de Crystallex las acciones de PDVSA en PDV Holding, propietaria de Citgo. Su valor de mercado era, entonces, cercano a $ 4.5 millardos y se hallaba absolutamente fuera del mercado financiero. Por otra parte, ya para el primer trimestre de 2019 se encontraba desatada la lluvia de demandas en EEUU contra de la República y sus entes descentralizados, PDVSA en particular; todas orientadas -como no podía ser de otra manera- a reeditar el camino iniciado por la empresa Crystallex: Citgo como objetivo a ejecutar.
Aunque se intentó acometer estrategias de renegociación de la deuda, al punto de que se diseñaron, con apoyo técnico experto, unos lineamientos de acción a tal efecto, en realidad no fue posible lograrlo por la carencia de recursos para ello. Sin embargo, a los fines del resguardo de los principales activos públicos en el exterior, actuando conforme a un plan que se diseñó con participación de la Asamblea Nacional y de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, sí se elaboró una robusta estrategia de defensa judicial de los intereses del Estado venezolano frente a esa gran cantidad de demandas intentadas. Y, además, en obediencia a lo previsto en el Estatuto de la Transición, fueron elevados significativamente los niveles de respeto a la autonomía funcional de PDV Holding y sus filiales CITGO de suerte que su giro comercial siempre responda a estrictos criterios de eficiencia comercial. Todo lo cual ha estado acompañado de la inestimable protección del Gobierno de los EEUU por razones vinculadas a su seguridad exterior. Es por ello, precisamente, por lo cual, hoy en día, Citgo aún pertenece a los venezolanos y, sin duda alguna, por lo que esa empresa se ha podido transformar en una operadora del ramo de refinación, con ganancias extraordinarias, que no solo ha visto incrementar significativamente su valor de mercado, hoy del orden de los $10 o $12 millardos, sino que ahora sí podría negociar con los legítimos acreedores de PDVSA.
Las irresponsables declaraciones que han atribuido a la actuación de funcionarios del gobierno interino “haber hecho posible la emisión de órdenes de embargo por $19 millardos cotar Citgo”, se han proferido a partir de las sentencias de la Corte de Distrito del Distrito de Delaware de 23 de marzo de 2023 (case 1: 19:-mc-00290 LPS) y de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos de 07 de julio de 2023(case: 23-1647), las cuales lamentablemente han declarado procedente la calificación de la empresa PDVSA como alter ego (otro yo) de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, han aceptado que operen, contra ésta, sumándose a las de Crystallex, las mociones de embargo intentadas por las empresas OI European Group B.V.; Northrop Gruman Ship Systems, INC; ACL Investment Group; Rossoro Mining Limited; Koch Mineral Sarl y Gold Reserve INC. Frente a tan irresponsable afirmación cabe formular las precisiones que en lo adelante haremos.
En primer lugar, las demandas de las referidas empresas, motivadas todas por acciones de los gobiernos de Chávez y Maduro como consecuencia de expropiaciones, incumplimientos contractuales por reparaciones de buques e impago de bonos; además, precedidas en la mayoría de los casos de largos procesos arbitrales; corresponden todas a reclamaciones iniciadas desde tiempos muy anteriores a la existencia misma del Gobierno Interino. Mal puede, entonces, atribuirse a actuaciones de ese interinato el “haber hecho posible la emisión de órdenes de embargo por $19 millardos cotar Citgo”. Lo único que pudo hacer esa institucionalidad interina es lo que hizo: defender tenazmente en los estrados los intereses del Estado venezolano. Defensa judicial que aún persiste como lo mostraremos más adelante. Quienes postulen la ida de que el Gobierno Interino ha debido renegociar esa deuda, deberían indicar la forma en que pudo haberse hecho esa renegociación. Si alguien está en capacidad de asumir ese desafío, considérese invitado a hacerlo.
En segundo lugar, la lectura detenida de las referidas sentencias y, muy en particular, la emanada de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, deja bien clara la diferente apreciación que de la conducta del Gobierno Interino tuvieron los jueces de esta Corte. A pesar de lamentable error en que incurren al considerar, indistintamente, tanto los actos de la dictadura de Maduro posteriores a 2019 como los del Gobierno Interino, para concluir que ellos configuran la condición de alter ego (otro yo) de PDVSA, se permite sin embargo distinguir las conductas de ambos así:
Venezuela comprometió a PDVSA a vender petróleo a aliados caribeños y latinoamericanos con grandes descuentos para promover las políticas de Venezuela, a menudo con pagos diferidos a Venezuela, no a PDVSA. Ver id. en 147–49. Miembros de alto rango del régimen de Maduro utilizaron los aviones de PDVSA para fines estatales, una práctica que continuó mucho después de las elecciones de 2019.
El Gobierno de Guaidó, no ha tomado medidas idénticas…”
Concretamente, la sentencia del Tercer Circuito no ha pasado de atribuir al Gobierno de Guaidó -a nuestro juicio erradamente- lo siguiente:
Lo mismo ha seguido en los Estados Unidos, donde el gobierno de Guaidó tiene acceso directo a las cuentas bancarias estadounidenses de PDVSA, administra (y ofreció renegociar) la deuda de bonos de PDVSA, envió dinero a PDVSA destinado a facturas legales y considera que la propiedad de PDVSA es “activos venezolanos mantenidos en el extranjero”. Apéndices 44–46.- Es cierto que el Gobierno de Guaidó ha alentado a la Junta Ad Hoc de PDVSA a ser más independiente. Pero dado el continuo control extremo del gobierno de Maduro de PDVSA en Venezuela y en el extranjero, y el control sustancial del gobierno de Guaidó de las operaciones estadounidenses de PDVSA, los hechos revelan el importante control económico de Venezuela sobre PDVSA a través de ambos gobiernos rivales.
Obsérvese bien, se alude a que el Gobierno de Guaidó “tiene acceso a las cuentas de PDVSA”, en una errónea afirmación que contradice abiertamente la formulada más adelante cuando señala que “envió dinero a PDVSA destinado a facturas legales”. Eso revela, por lo menos, que no se puede afirmar que tomó dinero de las cuentas de PDVSA. Por otra parte, si fuere cierto que Guaidó ofreció renegociar la deuda de bonos de PDVSA ello es realmente intrascendente en tanto no existan manifestaciones o hechos concretos en el sentido indicado en esa supuesta declaración. En fin, existe un mundo entre lo que se dice en la sentencia del Tercer Circuito y la manipulada afirmación según la cual “Guaidó causó pérdidas a Venezuela por $19 millardos al utilizar los recursos de PDVSA para gastos legales” Por cierto, el referido monto sería, a juicio de los irresponsables autores de las declaraciones que estamos comentando, el total de las reclamaciones de las empresas que supuestamente tendrían derecho a embargar activos de PDVSA.
En tercer lugar, no es cierto que Citgo se perdió. Aún se lucha judicialmente por defenderla. Debe dejarse muy en claro que luego de la larga lucha hasta ahora llevada a cabo por la defensa de Citgo, la última batalla del largo proceso que amenaza la propiedad de los venezolanos sobre Citgo aún no se ha dado. El recurso intentado para que el asunto tratado en las dos sentencias antes referidas sea conocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, técnicamente conocido como Petition for a Writ of Certiorari, ya fue formalmente introducido. Si bien es cierto que los entendidos en la materia suelen destacar las escasas probabilidades en obtener la admisión a trámite de este recurso, es también cierto que nadie puede negar a priori que no prosperará.
Por último y a título conclusivo, no es cierto que decisiones de funcionarios del gobierno interino hayan hecho posible la emisión de órdenes de embargo por $19 millardos contra Citgo; tales órdenes de embargo han sido posible por compromisos incumplidos de los gobiernos de Chávez y Maduro. Tampoco es cierto que Guaidó causó pérdidas a Venezuela por $19 millardos al utilizar los recursos de PDVSA para gastos legales. Lo que si es cierto es que PDVSA tuvo que disponer de sus recursos para la defensa de sus activos frente a demandas en su contra, por deudas generadas por los gobiernos de Chávez y Maduro y derivadas de operaciones de las cuales ni ella ni sus filiales se beneficiaron.