La Fiscalía de Perú pidió al Poder Judicial que revoque el acuerdo de “colaboración eficaz” (delación premiada) suscrito con el exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata por haberse negado esta semana a declarar en el juicio por presunta corrupción que se sigue contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
La solicitud fue enviada por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, por un incumplimiento de Barata de las obligaciones establecidas en ese acuerdo, según informaron medios locales que publicaron el documento.
Pérez remitió el pedido a la jueza Margarita Salcedo, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el tribunal que en 2019 aprobó el acuerdo y que supervisa su cumplimiento.
El fiscal aseguró que cuando se revoque el acuerdo, el Ministerio Público peruano podrá presentar una acusación penal contra Barata y solicitar que se ordene una condena por el incumplimiento de lo pactado.
Además, el exdirector podrá ser comprendido en las investigaciones y procesos que se siguen por los casos de corrupción de Odebrecht en Perú, en los que hasta el momento fue excluido gracias los beneficios que otorga el acuerdo.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Lima decidió este martes prescindir del testimonio de Barata en el juicio por presunto lavado de activos que sigue contra Humala y su esposa, Nadine Heredia, informaron fuentes oficiales, “por su inconcurrencia a la sesión presencial” en la que debía dar su testimonio.
La medida fue tomada tras un pedido de la Fiscalía y la Procuraduría, y con la conformidad de los abogados de Humala y Heredia, quienes son enjuiciados por los presuntos aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la figura de “colaboración eficaz” en casos que involucran tanto a Humala, como a los también expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).
El exdirector de Odebrecht en Perú, quien reside desde 2016 en Brasil, informó el pasado fin de semana que no se iba a presentar a declarar en este juicio, a pesar de que había sido citado bajo apercibimiento.
En un escrito enviado al equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú, Barata señaló que existe una “imposibilidad jurídica” para testificar y argumentó un supuesto “incumplimiento del procedimiento establecido en la ley para la actuación de la prueba testimonial”, ya que en este caso es un “testigo con domicilio real” en Brasil.
Cuestionó que “en el juicio oral se pretenda que declare presencialmente”, a pesar de que “todas las declaraciones” que ha brindado durante estos años “se han realizado a través del procedimiento de cooperación penal internacional”.
Durante una audiencia virtual realizada el pasado 7 de septiembre en otro proceso, Barata reiteró que Odebrecht hizo aportes a campañas políticas de García, Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
En el caso de Humala enfrenta un pedido de 20 años de cárcel, mientras que su esposa afronta una solicitud de 26 años de prisión.
El último martes, a su salida de la audiencia, el fiscal Germán Juárez declaró al diario El Comercio que ante el incumplimiento de Barata iba a “oficiar al fiscal José Domingo Pérez para efectos de que proceda conforme a sus atribuciones”.
“Lo que corresponde al fiscal José Domingo Pérez, dentro de su autonomía, (es) revocar o seguir con la colaboración de Jorge Simoes Barata. Yo simplemente le voy a poner de conocimiento al fiscal que ha habido un incumplimiento (…) pero yo creo que debería revocársele” el acuerdo, dijo.
Juárez confirmó que si esto sucede, al exdirectivo de Odebrecht “se le tendrían que abrir las investigaciones que tiene pendientes y someterse a un proceso penal”.
EFE