Contrariando una larga tradición, buena parte del presente siglo ha sido el del silencio en torno al Esequibo. Incluso, aun tratándose de las clásicas dictaduras, toda controversia territorial al este u oeste del país devino política por modesta que fuese en el ámbito doméstico.
La sola reseña escolar del problema suscita inquietud en la Venezuela que décadas atrás exhibía una opinión pública capaz de manejar aspectos relativamente complejos, a juzgar por la primera plana promedio de la prensa escrita. Es nuestra la impresión de un retroceso en el tratamiento político del asunto, pero también en los términos de un pensamiento estratégico venezolano que Aníbal Romero comprendió como las ideas, análisis, planteamientos y recomendaciones en torno a las cuestiones específicas que atañen a la defensa de la nación, la fuerza armada y hasta en el concreto terreno militar (“La miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia en Venezuela”, Ediciones Centauro, Caracas, 1986: 320).
Valga el contraste, comprensión que encontró una legítima cabida en la necesaria discusión pública de los asuntos fundamentales que reafirmó una mínima vocación republicana, con el ejercicio de la libertad de imprenta. Y, muchas veces, imposibilitaba las cómodas simplificaciones, estereotipos y consignas que no pasaban la dura prueba de una polémica razonable, fructífera y, subrayemos, recurrente.
Por supuesto, consecuente con el texto citado que recomendamos leer o releer, todo abona a la salida que finalmente tuvo la crisis política de los noventa del veinte: el autor catalogó como un dilema sin sentido entre la salida socialista que “nos conducirá a una situación mucho peor de la que vivimos”, y la autoritaria de tipo militarista (108). Nunca antes imaginamos que padeceríamos, como en efecto ocurre, simultáneamente ambas dimensiones para una misma tragedia.
Hoy, el contexto no ayuda a una correcta deliberación del caso esequibano, en el curso de un proceso judicial muy obviamente entendido por etapas preclusivas que nos llevan y llevarán a un fallo en La Haya. Vale decir, fuera de toda influencia, manipulación o control político del régimen venezolano, aunque le tocará demostrar y ejercer los recursos correspondientes en el supuesto que la Guyana demandante incurra en sendos vicios o fraudes procesales.
Con anterioridad, por una parte, el sistema político de características democrático-populistas, de conciliación y consenso, inherente a la era democrático-representativa, significaba una evasión de los problemas sustanciales, temeroso del disenso añadido a lo que Romero asumió como la “poca madurez de la relaciones profesionales – y no meramente políticas – entre el poder civil y el sector militar en nuestro medio”; una de las mayores dificultades estribó en que la aspiración a todo consenso implicaba que el gobierno asumiera clara y nítidamente su posición, algo que no ocurría, siendo impensable un referéndum que no tuviese precedido de una extraordinaria discusión y claridad de los tópicos a someter al voto popular (250 ss.). No es difícil deducir que el actual sistema político profundamente populista y autoritario, por decir lo menos, expresión de la democracia participativa y protagónica en curso, idea e incurre en una constante polarización y plebiscitación de la que no escapará el referéndum del Esequibo del que sólo sabemos que está aprobado, forzando ese “consenso” de mil maneras; acotemos, la cosa va demasiado más allá de ir y votar por una y otra fórmula que el oficialismo ni siquiera a esta hora insinúa.
Tememos que, faltando una deseable y extendida deliberación, la cuestión esequibana se ha despachado frecuentemente a través de un belicismo retrospectivo en el que subyace un cierto sentido y sentimiento prospectivo, trastocado el planteamiento entera e inexorablemente histórico en un abierto y absurdo anacronismo político: versamos sobre el mito de la recuperación por la fuerza del territorio para lo cual resultaba indispensable prolongar la dictadura de Pérez Jiménez, o la pérdida dizque irresponsable de una oportunidad representada por el alzamiento del Rupununi. Inevitable concluir que también extrañamos una pública, mínima y necesaria ponderación de los problemas estratégicos venezolanos que nos ahorre las consabidas conjeturas del momento.