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Al respecto, el abogado Ben Emmerson argumentó que la jurisprudencia de la CPI no obliga a que los Estados investiguen la misma conducta que la Fiscalía, y en particular se refirió al crimen de persecución, que no está previsto en la legislación venezolana.
Emmerson sostuvo que en los procedimientos nacionales “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales” y defendió que en la legislación venezolana no se contemplen expresamente todos los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI, sino que estén previstos como delitos ordinarios.