La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebra este miércoles 8 de noviembre en La Haya la segunda de las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones por el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza comenzó la audiencia preguntando a los representantes del régimen de Nicolás Maduro si las fichas presentadas de 124 incidentes son documentos oficiales y cuáles son sus estatus.
En su respuesta, la delegación del régimen explicó que las 124 fichas corresponden a 62 casos y admitió que ninguno de los casos ha sido concluido con una condena definitivamente firme.
“Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, dijo el abogado Aitor Martínez Jiménez.
Además detalló que “en relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”.
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la comitiva chavista, admitió que “evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”.
Y reconoció que «ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua».
Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos han visto que «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir 3/4 partes no se identificaron. También en 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada».
En la siguiente parte de la audiencia las partes expusieron sus alegatos sobre si los procedimientos nacionales cubren los mismos tipos de crímenes y la naturaleza generalizada y sistemática del ataque que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Al respecto, el abogado Ben Emmerson argumentó que la jurisprudencia de la CPI no obliga a que los Estados investiguen la misma conducta que la Fiscalía, y en particular se refirió al crimen de persecución, que no está previsto en la legislación venezolana.
Emmerson sostuvo que en los procedimientos nacionales “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales” y defendió que en la legislación venezolana no se contemplen expresamente todos los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI, sino que estén previstos como delitos ordinarios.
La Fiscalía de la CPI rebatió esta posición y afirmó que “es necesario que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta” que esta instancia.
Si bien reconoció que no es necesario que los Estados establezcan expresamente la calificación de un crimen de lesa humanidad, sí enfatizó que “los procedimientos nacionales de los Estados tienen que extenderse a las afirmaciones factuales, porque si no lo hacen no podrán examinar de manera adecuada ni pronunciarse sobre la responsabilidad penal y el alcance del daño”, explicó.
“Sin embargo el material venezolano no mostró que han investigado los elementos factuales de crímenes de lesa humanidad”, añadió al insistir en que los procedimientos nacionales no cubren los mismos tipos de crímenes y la naturaleza que investiga la CPI.
“Venezuela tuvo una posición de que no han ocurrido crímenes de lesa humanidad, que no hubo ataque contra civiles y que no hubo una política de Estado, que los hechos solo podían ser hechos aislados o abusos de oficiales públicos que actuaron para oponerse a manifestaciones violentes”, recordó.
En este sentido, destacó que en los 62 casos que el régimen suministró documentación, se procesaba era a autores directos o de bajo nivel, y no a la cadena de mando.
En la ronda de preguntas, el juez Marc Perrin de Brichambaut consultó por qué en los últimos 23 años Venezuela no ha incorporado en su legislación nacional la calificación de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional.
En respuesta, el abogado del régimen chavista aseguró que “Venezuela fue el primer país de la región en ratificar el Estatuto de Roma y ha cumplido con sus obligaciones con la Corte», pero sostuvo que no hay ninguna obligación a incorporar en la legislación nacional los crímenes internacionales. «Es un derecho soberano”, argumentó Ben Emmerson.
Crímenes sexuales y de género
En la última parte de la audiencia, las partes expusieron sus alegatos sobre si las investigaciones y acusaciones a nivel nacional, de crímenes sexuales y basados en género, deben cubrir las mismas calificaciones legales o elementos de los crímenes relevantes en el Estatuto de la CPI.
“No hay ninguna exigencia de que las investigaciones y enjuiciamientos naciones cubran las mismas cualificaciones jurídicas o elementos de los crímenes sexuales y de género en el Estatuto de Roma”, sostuvo la representante del régimen de Maduro.
Argumentó que “no se puede decir que las autoridades no hayan investigado los casos de violación y violencia de género. La Fiscalía no ha descrito ningún incidente específico de violación en su notificación”.
Y añadió que “el hecho de que las autoridades nacionales no hayan calificado determinada conducta como violación, no es pertinente”.
Por su parte, la Fiscalía de la CPI informó que tras concluir su examen preliminar identificó crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas, que fueron notificados al Estado venezolano.
Explicó que de la información suministrada por el régimen, solo había un caso referido a violación y no se calificaba como un delito sexual en el procedimiento nacional, sino como tratamiento cruel.
“Reconocemos que según el derecho venezolano, tratamiento cruel es un crimen grave que puede ser castigado con una pena muy elevada, pero investigar en base a estos elementos únicamente no necesariamente reflejará los daños graves sufridos por las víctimas de crímenes sexuales o de género”, señaló la representante de la Fiscalía de la CPI.
“La denominación de los crímenes puede constituir un factor importante”, remarcó.
Llamado de atención
La audiencia vivió un momento de tensión cuando el juez Marc Perrin de Brichambaut advirtió que no tolerarían actitudes irrespetuosas, luego de que los representantes del régimen chavista hicieran comentarios descalificatorios sobre la Corte durante sus alegatos.
“Es mi deber recordar a todos los abogados aquí presentes de las prácticas normales que se aplican en esta Corte. Lenguaje irrespetuoso o calificaciones incisivas son inapropiadas e inadecuadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes y no se reconocerán como argumentos válidos. Nuestros debates se inspiran en el principio del respeto de la ley y el respeto mutuo entre las partes. La Sala espera que quede entendido”, dijo el magistrado.
Negacionismo y críticas a la CPI
En el tramo final de la audiencia, el canciller del régimen chavista, Yván Gil, tomó la palabra por primera vez y emitió un discurso político en el que insistió en negar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La remisión presentada por un grupo de Estados en el año 2018 respondió a un claro objetivo político. Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, afirmó.
El ministro de Exteriores dijo que esto perjudica «la credibilidad» de la Corte, de la que puso en duda su eficiencia al comparar su productividad con la del sistema de justicia venezolano.
“Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano, supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años. No se trata de una competencia entre la CPI y Venezuela. Es una realidad inobjetable”, sostuvo.
Además, Gil afirmó que ante la guerra en Gaza “hay que preguntarse realmente si los limitados recursos de la Corte se emplean mejor en un puñado de incidentes de un país que está dispuesto y es capaz de hacer el trabajo por sí mismo”.
El canciller culminó pidiendo “que la República Bolivariana de Venezuela sea tratada como un Estado soberano” y que las decisiones se adopten «sin miedo ni favoritismo» y sin “capitular ante los Estados que amenazan a la Corte, y mucho menos favorecer a los que pagan la factura”.