“Vamos hacer viral, queremos justicia. Queremos respuestas de los jueces y el fiscal”, decían varias de las pancartas mostradas por varias mujeres a las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, al sur del país.
Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com
Cada una vive una realidad diferente en su hogar, pero ahora hay una lucha que las une: pedir respuestas por parte de las autoridades sobre la situación que están viviendo sus parientes en los nuevos centros de reclusión, tras la intervención de las cárceles por parte de los organismos de seguridad.
Una semana ha transcurrido desde que ocurrió la toma del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa. Ese día hubo lágrimas, gritos de desesperación, incertidumbre y muchas interrogantes que con el pasar de los días se han incrementado.
Elsa Guilarte señaló que su hijo fue trasladado hasta el Internado Judicial de Barinas, a unos 919 kilómetros del estado Bolívar, lo que se traduce a 13 horas de camino en autobús. “Queremos que se pronuncien los tribunales con respecto a cada uno de nuestros familiares, porque no es justo este traslado cruel e inhumano que hicieron con ellos. Está bien, cometieron una falta, están pagando lo que hicieron”.
“Pero muchos de los que están ahí también están en procesos (judiciales) en los que ni siquiera se les ha comprobado que tienen delito, sino que están ahí por los 45 días, 45 días que se han hecho hasta 9 meses. 45 días se hacen 3 años, 4 años. 45 días son hasta 10 años y todavía no le hacen nada”, señaló Guilarte.
La mujer relató solo una parte del vía crucis que viven los familiares de los privados de libertad con el sistema judicial del país. “Yo fui el jueves 2 de noviembre para los tribunales de Bolívar, a pedir que la gente de Ciudad Bolívar en el tribunal Primero de Ejecución se trasladara hasta la cárcel, que es cerca, a que hiciera una verificación de datos de mi hijo. ¿Y qué me dijo a mí la funcionaria? Me dijo que no se iba a mover por dos certificaciones, que tenía que esperar mínimo que hubiera 15, 20, para ella poder ir para allá, porque no iba a perder un día de su trabajo a levantar actas con dos nada más. Que si yo hubiese ido el 17 de octubre, ya que se habían recibido varias actas, que porqué yo no fui antes para entrar en ese lote”.
Agregó que la funcionaria pública le “recomendó” ir el miércoles 8 de noviembre para ver “cuántas habían para ver si ella se podía mover. Y el lunes 6 de noviembre lo intervinieron, y a mi hijo me lo mandaron para Barinas. Yo soy una mujer de clase humilde, yo trabajo y ganó un sueldo mínimo. ¿Cómo yo me movilizo a Barinas? Yo no sé en qué condiciones está mi hijo, porque mi hijo solamente el miércoles se comunicó conmigo y me dijo que está bien. ¿Y a mí quién me dice que mi hijo está bien? Maduro no me va a decir a mí que mi hijo está bien, no, señor”.
En medio de carencias
Las mujeres relataron que lo poco que han podido constatar es que sus parientes no están en buenas condiciones. Denunciaron que están durmiendo en el piso, tomando agua de chorro y pasando hambre.
“Estas son las condiciones que pasaron a nuestros hijos. Y no es justo, no es justo, porque los primeros malandros están libres. Mi hijo me llamó el miércoles. Me dijo: ‘no te preocupes, estoy bien. Estoy bien’. Le dije: ‘hijo, pero dime’ y su respuesta solo fue: ‘no puedo hablar más contigo, mamá. Estoy bien. Muévete para los tribunales que estoy bien”, declaró Elsa.
Anunciaron que darán una semana de plazo a las autoridades para que se pronuncien sobre sus familiares, pero advierten: “Nosotras somos madres y estamos desesperadas. Si tendremos que ir al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, iremos. Si tenemos que marchar a Miraflores, vamos a ir. Porque son nuestros hijos, son nuestros familiares. A nosotros es que nos duele. Porque es mentira que Maduro le va a doler a un privado de libertad que tenga un pie enfermo, que esté muriendo en una cárcel. Eso es mentira”.
Acecha la muerte
David Corrales califica como de “injusto” el traslado de los privados de libertad. “Muchos de nuestros familiares no han podido comunicarse con nosotros. Muchos de ellos están sin comer. Eso es mentira, que llegaban a un sitio y le daban que si su kit personal, que si su colchoneta. Esos muchachos están con grandes dificultades. De hecho, ya uno que fue trasladado para la cárcel de Barquisimeto, falleció el día viernes. Estaba muy enfermo. ¿Por qué no lo dejaron aquí en Bolívar? ¿Por qué no se le brindó el apoyo, los primeros auxilios a ese muchacho? Se lo llevaron y se murió”.
“Muchos de esos muchachos tienen ya la boleta de libertad. Y los jueces de este tribunal se niegan a darle la libertad a esos pocos muchachos. No se pronuncian los jueces. Es una corrupción que hay aquí. Y nosotros exigimos que se aceleren los procesos. Y que la directora de aquí, Mercedes Sánchez, que se apersone, porque tiene como tres meses que no viene. Y los jueces se excusan de que no pueden dar la libertad si no está la directora. Muchos de esos muchachos tienen ya la telemática, ya tienen el examen psicosocial. Pero entonces, como todos sabemos, que mientras los familiares no tengan recursos, esos expedientes se engavetan y nunca dan celeridad a los casos”, detalló Corrales.
Detallan que la telemática es cuando los presos han cumplido con tres cuartas partes de la condena y se les aplica un examen psicosocial, en el cual evalúan si ellos están aptos para ser reinsertados a la sociedad. “Pero resulta que los jueces no les hacen caso a esas redenciones. No les hacen caso a ese examen psicosocial. Solamente cuando las personas, los familiares, tienen los recursos para cancelarles cierta cantidad de dinero que piden, es donde ellos dan la libertad. Si los familiares son de escasos recursos, olvídese que esos expedientes los engavetan”.
“Así como intervinieron las cárceles, nosotros ninguno nos oponemos. En esas cárceles existían los pranes, se pagaban causas, los muchachos tenían que pagar cierta cuota para poder transitar libremente en ese penal. Si no, bueno, si no pagaban, le daban un disparo. Pero así como intervinieron la cárcel de Vista Hermosa, la cárcel de La Pica, la cárcel de Tocorón, nosotros exigimos aquí en el estado Bolívar que sean intervenidos también estos tribunales. Porque así como sacaron los diablos de allá, aquí están los demonios en este tribunal”, puntualizó.
Custodios extorsionan
Yuletzis Ortiz, esposa de un preso, comentó que han realizado algunos pagos móviles a los custodios para que con ese dinero puedan “darle alimentos” a sus familiares.
“Nuestros parientes nos han dicho que no pasemos el pago para un móvil, si no escuchamos la voz de ellos, porque se está presentando como extorsión por parte de los custodios. Aquí hay una red de extorsión”, señaló Ortiz.
Comparó con la “causa” lo que ahora pagan. “Ellos (los pranes) por lo menos a veces pedían 300 bolívares, 500 bolívares, lo que uno pueda. Pero la semana pasada, dos días después del traslado, una amiguita pasó 800 bolívares. Nosotros pagábamos una causa entre 550 y 650 bolívares, entonces ya ahí estamos pagando más de una causa. Y donde tenían (los presos) sus beneficios. No hay que tenerle miedo a nada, porque ahí había muchas cosas que eran indebidas, es verdad. Pero ahí el que se sabía sujetar, estaba bien, estaba tranquilo. Ahí por lo menos tenían esa esperanza de que podían ver a sus niños”.
“En esos penales maximizados, van a ver a sus hijos una vez al año. Y en ese momento que permitan esa visita de niños, y en mi caso yo no tenga para llevar a mi hija hasta Falcón, ¿cuándo verá a su papá? O sea, nos tenemos que poner las manos en el pecho, de verdad. Esto es tremendo, es un dolor que ocasiona a los familiares. Por lo menos tengo una amiga que está embarazada, a punto de parir, a su esposo se lo mandaron para Falcón”, se quejó entre sollozos Yuletzis.
Presos repartidos por doquier
Según información oficial, los traslados se dieron de la siguiente forma: al Centro Penitenciario Occidente 1 y Centro Penitenciario Occidente 2, en el estado Táchira, trasladaron a 50 presos a cada cárcel para un total de 100.
Al Internado Judicial Barinas, en el estado Barinas, llevaron a 50 privados de libertad; para Marite de Francisco Delgado, en el estado Zulia, 50 presos, y al Centro Penitenciario de la Región Andina Cepra, ubicado en Mérida, llevaron a 60.
Mientras que para Rodeo 2 y Rodeo 3, en Guatire, estado Miranda, fueron llevados 60 presos para cada centro, es decir, 120. Para Yare 2 y Yare 3, en Charallave, estado Miranda, 60 privados de libertad para cada centro.
Por su parte, a la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico, fueron llevados 35 presos; al Centro Penitenciario de Coro en el estado Falcón, trasladaron a 70 privados de libertad; al Centro Penitenciario David Viloria, en el estado Lara, llevaron a 110 reclusos; en el CFHN Ezequiel Zamora en el estado Aragua, 35 presos; en el CFHN Libertador en el estado Carabobo, 60; en la Mínima de Carabobo, 60; en el Internado Judicial de Sucre en Cumaná, 35; y al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui en Barcelona, 95, con lo que se totaliza 1.000 presos trasladados.
Hay que añadir a 26 reclusos, presuntamente pertenecientes a la banda de Wilkins (uno de los que llevaba el control de la cárcel de Vista Hermosa), que fueron trasladados a la División de Investigación Penal de la PNB, ubicado en la avenida Paseo Simón Bolívar, Ciudad Bolívar.
En Vista Hermosa estaban recluidos 1.128 presos. No se maneja información sobre el paradero de 102 reclusos.