Venezuela es un país que ha vivido una profunda crisis política, social y económica en las últimas dos décadas, marcada por el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición democrática. En este contexto, las elecciones han sido un escenario de disputa y controversia, donde la transparencia, la equidad y la legitimidad han estado en entredicho.
ALEXIS PÉREZ // INFOBAE
Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional ha sido la presencia de observadores internacionales que puedan verificar el cumplimiento de las normas electorales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, alegando que se trata de una injerencia externa en sus asuntos internos.
“Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección”. Así respondió esta semana el régimen de Nicolás Maduro a la renovación, hasta mayo de 2024, del paquete de sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por contribuir en el “deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” en el país caribeño.
Las restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión, así como la prohibición de entrada y el congelamiento de activos a 54 funcionarios vinculados al chavismo.
La relación entre la Unión Europea (UE) y la dictadura venezolana ha sido una de las más complejas y conflictivas en el ámbito internacional.
Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, con su discurso socialista y antiimperialista, la UE ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político venezolano, al tiempo que ha buscado preservar los canales de cooperación y diálogo.
Pese a las continuas amenazas del régimen venezolano, el bloque europeo ha expresado su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa el país.
Además, ha condenado la represión de las fuerzas de Maduro, especialmente durante las protestas de 2014 y 2017, que dejaron más de 160 muertos y miles de heridos y detenidos.
Pero, sin duda, una de las acciones que más rechazo ha causado dentro de la cúpula chavista es el cuestionamiento por parte de Europa de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelecto con una participación que apenas llegó al 46,02% y con numerosas denuncias de fraude.
Para ese año, la Unión Europea no envió una misión de observación electoral oficial. Esta decisión se debió a las preocupaciones sobre la falta de condiciones para unas elecciones libres y justas, así como a la negativa del régimen a permitir una observación internacional independiente.
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