Una nueva norma estadounidense contra el lavado de dinero que apunta a las empresas ficticias podría tener un gran impacto en los grupos criminales de América Latina, si las autoridades pueden superar los restringidos recursos y otras limitaciones a su efectividad.
Por InSight Crime
La nueva normativa, conocida como norma de beneficiarios finales, exigirá a las empresas que operan en Estados Unidos que les informen a las autoridades federales quién realmente posee y controla la empresa y sus recursos.
La norma es un elemento clave de la Ley de Transparencia Corporativa, que Estados Unidos aprobó en 2021 para frenar la evasión fiscal y el blanqueo de dinero al dificultar la creación de una empresa en el país mientras se mantiene en el anonimato a sus verdaderos propietarios. Las corporaciones se crean a nivel estatal, y la mayoría de los estados no requieren información sobre los propietarios reales. Normalmente, el registro solo requiere un punto de contacto para asuntos legales.
Esta norma, según declaró Scott Greytak, director de promoción de la oficina estadounidense de Transparencia Internacional, a InSight Crime, se trata de «la ley contra el lavado de dinero y la corrupción más importante, transcendental y transformadora de la última generación en Estados Unidos».
Organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Mundial han argumentado que los requisitos de beneficiarios finales reducen el uso indebido de vehículos corporativos para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y los defensores independientes en contra el lavado de dinero llevan mucho tiempo presionando a los gobiernos de todo el mundo para que adopten tales requisitos.
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