Tras la victoria de Milei en Argentina, el advenimiento de Vox en España, las experiencias de Bolsonaro y Trump en Brasil y USA, surge con más fuerza el discurso que apela, defiende y alza la bandera, en otros momentos impresentable, de la privatización de todo. Las expresiones se hacen groseramente cotidianas: “es que nada es gratis en esta vida”, “la gente tiene que ser responsable de sí misma”, “cuando el Estado interviene fracasa” y, pues, en el caso de Venezuela, lo que en discurso anhelan los sectores más conservadores y retrógrados, en la práctica, lo lleva a cabo el “presidente obrero” en nombre del “Socialismo”. La prueba: la Crisis Humanitaria Compleja.
Cualquier persona que asiste a algún centro de salud público puede explicar su experiencia de forma muy concreta: casi no hay médicos, ni enfermeras (producto de los bajísimos salarios), los equipos, insumos y medicamentos son inexistentes, las instalaciones no tienen agua y frecuentemente falla la electricidad, el paciente debe comprar todo lo que requiere para ser atendido, incluso, para asombro de los expertos en salud pública, buena parte del esquema de vacunación sólo puede conseguirse privadamente y a costos restrictivos para el grueso de la población. ¿A dónde debe recurrir la ciudadanía? A la clínica privada o al brujo.
Lo paradójico es que ante la destrucción del sistema público de salud por parte del chavismo – madurismo, una tarea persistentemente llevada a cabo durante dos décadas, no existe una posición clara de defensa de un sistema sanitario de calidad, público y gratuito. ¿Por qué? Porque compramos, por re o por fa, el discurso inhumano de la privatización de todo y el Estado Mínimo. Lo compran y consumen algunos sectores de la oposición y lo compran y consumen en el régimen autoritario, unos por su incurable liberalismo mal entendido y otros por su suscripción al “modelo chino”.
Hay que salir al paso a ese vergonzoso consenso y decir, por la calle del medio, que cualquier solución a la Crisis Humanitaria Compleja que padece el país pasa por la reconstrucción de la prestación de servicios sanitarios en todo el territorio nacional y cuyos servicios no impliquen costos a los ya paupérrimos bolsillos de los venezolanos. Eso es un deber ineludible del Estado.
Para aquellos que saldrán, como siempre, con el dedo acusador, a tildar estas ideas de cosas de adecos (pues si, parece que los únicos que defendemos eso somos los adecos “en resistencia”), debe recordarse lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”
Lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un favor o una dádiva, es una obligación y un deber. Sin embargo, además de representar un derecho internacionalmente reconocido y exigible, también debería ser un compromiso ético, de parte de quienes ejercemos el activismo y la dirigencia política, el luchar para atender con probidad la catástrofe sanitaria que particularmente sufren los más pobres. No hay que rehuir el debate, al contrario, bienvenidos a la discusión aquellos que defienden el derecho a la vida solo para aquellos que tengan dinero y el deber del pobre a morir por enfermedades prevenibles, sea por su “liberalismo” o por su “modelo chino”, igual, con argumentos, con la razón y sin miedo, les seguiremos denunciando su despreciable agenda.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica