El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este lunes un proyecto de ley que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio. La medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el estado y el gobierno federal sobre los esfuerzos para reducir la inmigración irregular.
Por CNN
El proyecto de ley, denominado SB4, también otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México. Esta legislación ha desatado ondas de miedo en toda la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado. La medida también ha sido condenada por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de la inmigración después de que la legislatura de Texas la aprobara el mes pasado.
Se espera que la ley entre en vigor en marzo.
El actual aumento de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México ejerce una inmensa presión sobre los recursos locales y federales. Abbott y la administración del presidente Joe Biden han disputado algunas de las medidas del estado para frenar la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur.
El domingo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que suspendería temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, a partir del lunes, debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes. Las autoridades fronterizas detuvieron a unos 192.000 inmigrantes en los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188.000 detenciones de inmigrantes en octubre, informó a CNN el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens.
Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes han advertido que el proyecto de ley sobrepasa los poderes del gobierno federal y replica la disposición sobre el estatus migratorio de Arizona en lo que sus opositores han denominado la ley “muéstrame tus documentos”. La ley fue rechazada en su mayor parte por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2012, cuando confirmó que el gobierno federal establece las políticas y leyes de inmigración.
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