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La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA vivió un año de vaivenes en 2023, entre un escándalo de corrupción milmillonaria que derrumbó de su máximo cargo a un ministro de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro y una bocanada de oxígeno gracias a la flexibilización de sanciones económicas por parte de Estados Unidos.
Por: VOA
La producción petrolera venezolana arrancó 2023 rondando los 700.000 barriles, según datos del gobierno nacional, hasta que en marzo la trama de corrupción en la industria copó los titulares.
El presidente Maduro y el fiscal general y ex gobernador del chavismo Tarek William Saab ofrecieron detalles a cuentagotas sobre cómo una red que incluía a altos funcionarios desfalcó al Estado venezolano por una cifra que aún permanece opaca, pero que según Reuters se estima en más de 21.200 millones de dólares, basados en facturas por cobrar.
PDVSA y la Superintendencia de Criptomonedas fueron epicentro de esa trama por la que detuvieron a 61 personas y que derivó en la renuncia de Tareck El Aissami, considerado un líder del chavismo cercano a Maduro, como ministro del sector y responsable de la estatal petrolera.
El hecho fue “alarmante” dentro de una empresa estatal cuya transparencia gerencial y capacidad técnica han quedado en entredicho en los últimos años, comentó a la Voz de América el economista Luis Crespo.
“PDVSA está muy disminuida, pues han destruido sus capacidades y potencialidades”, dijo Crespo, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Caracas, valoró que la trama de corrupción fue “una de las causas” por las que la economía venezolana no creció como se preveía este año.
“La opacidad, la falta de rendición de cuentas y la baja calidad institucional generan eso (corrupción). Venezuela tiene que cambiar eso si quiere cambiar el rumbo económico”, apuntó.
La corrupción desvelada, de la que Maduro dijo tener sospechas desde 2022, coronó una letanía de denuncias de expertos, sindicalistas y voceros de partidos de oposición sobre la administración de PDVSA, que solía aportar cerca de 95 % de las divisas del país.
Las expropiaciones de empresas privadas que brindaban servicios a PDVSA en la primera década de este siglo, el despido de miles de empleados —el antichavismo los llama “mano de obra calificada”— y el presunto desvío de su propósito para fines políticos son parte de los reclamos sobre la industria petrolera que hacen especialistas y antichavistas.
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