La fiscal argentina, Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano que había llegado al aeropuerto de Ezeiza a mediados de 2022. La decisión está en sintonía con lo que había solicitado el gobierno de los Estados Unidos.
En un dictamen al que accedió Infobae, Incardona afirmó: “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”.
“Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina”, sostuvo la fiscal y citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que una decisión contraria podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito y el apartamiento del principio de buena fe que debe regir la actuación del Estado Nacional en virtud de tratados y otras fuentes de derecho internacional. El dictamen es vinculante y ya fue presentado ante el juez federal Federico Villena.
El Boeing 747 de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur había arribado a la capital argentina el 6 de junio de 2022 y, dos días más tarde, tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto de Ezeiza, donde fue incautado luego de quedar varado por falta de combustible. La justicia federal de Lomas de Zamora abrió una investigación para saber si el avión fue utilizado para realizar actividades sospechosas.
Había 12 ocupantes. Cinco quedaron en la mira: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta. Los ocupantes del avión decían que se trataba de un viaje de instrucción de vuelo. Después de haber sido demorados, se les dictó la falta de mérito.
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