Desde hace un mes, las mujeres privadas de libertad en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara sabían que serían desalojadas.
Sin embargo, lo que en un principio tomaron como solo una amenaza, se materializó entre la noche del sábado 6 y este domingo 7 de enero, cuando se efectuó el desalojo de 173 reclusas a diversos centros penitenciarios de Venezuela.
El anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara albergaba a más de 200 mujeres, pero en el mes de diciembre fueron trasladadas unas 20 internas hasta el anexo femenino de David Viloria, conocido como Uribana y ubicado a unos metros de Fénix. De la misma forma, más de 10 privadas de libertad fueron llevadas hasta el estado Miranda, por lo que en un principio pensaron que este sería el total de los traslados y que cesarían las amenazas.
En horas de la noche del 6 de enero, como si de un regalo del Día de Reyes se tratara, fue trasladado el primer lote de internas hasta el estado Barinas. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se tuvo conocimiento que otras serían enviadas entre la mañana y tarde de este domingo hasta los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Zulia, pero esta última región aún no había sido confirmada.
Fénix Lara no cumplía con los estándares
El anexo femenino de Fénix Lara era uno de los 16 espacios en donde albergaban a mujeres privadas de libertad en Venezuela y, como lo hemos denunciado desde OVP en un sinfín de oportunidades, ninguno de estos lugares fueron creados con perspectiva de género.
Cabe destacar que el anexo femenino de Fénix Lara estaba en una de las torres dentro de la prisión de hombres, ubicada en el ala derecha del recinto. Esta falta de separación entre los espacios trajo diversos problemas con las internas, quienes eran sacadas por los reclusos de la torre, según relataron unos funcionarios de la prisión a OVP.
Asimismo, en meses anteriores estas mujeres fueron víctimas de diversas requisas que, según denunciaron al OVP, fueron violentas. Les botaban todos sus objetos personales, que posteriormente debían ser adquiridos nuevamente por sus familiares, quienes en su gran mayoría son de escasos recursos económicos.
En esta ocasión los familiares de las privadas de libertad expresaron su preocupación porque no saben a ciencia cierta a qué estado serían trasladadas cada una de ellas, considerando además que deben transcurrir nuevamente por un duro proceso de adaptación.
De la misma forma manifestaron que desde el Ministerio de Servicio Penitenciario hacen los que le da la gana con las reclusas, siempre afectando las garantías judiciales y los derechos humanos que tienen todos los privados de libertad.
También es importante destacar que este tipo de operativos, cuya organización es dudosa por la opacidad en la información, atentan flagrantemente contra el bienestar físico y mental de la población reclusa, considerando que, al ser trasladados, la interna o interno pierde contacto familiar, carece de visitas, empeorando sus condiciones carcelarias, siendo más vulnerable a la extorsión o utilización por parte de grupos de fuerza dentro de los centros penitenciarios, afectando severamente su rehabilitación y reinserción social.
Es por ello que los traslados deben respetar los principios mínimos plasmados en las Reglas Mandela, una herramienta hermenéutica civilizatoria mínima. En este sentido, la Regla 59 precisamente señala que “en la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.” Por su parte, la Regla 106 indica que “se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes”.
En conclusión, al igual que los siete recintos penitenciarios que fueron desalojados en 2023, la situación de las mujeres privadas de libertad no escapa a los embates del hacinamiento, la escasez de agua potable y alimentos. Es por ello que desde OVP estamos informando oportuna y verazmente sobre este procedimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de la ONU.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones