Hace treinta años, el lunes 16 de enero de 1994, Venezuela se vio sacudida por la intervención a puertas cerradas del Banco Latino, a la cual sucedieron otras cuatro otras olas de caídas de bancos, para un total de 57 instituciones financieras cerradas que representaban el 50 % del sector bancario del país.
La serie de eventos condujeron a la pérdida de la confianza de los ciudadanos del país en los políticos y las instituciones de la democracia. Esta circunstancia, unida a sus consecuencias económicas – desempleo, devaluación e inflación – promovieron el ambiente propicio para la instauración del régimen del Socialismo del Siglo XXI, pocos años después, con las consecuencias por todos conocidas.
Este drama ocurrió en cuatro partes:
Primero, el Preludio. En él, los banqueros logran el control de los políticos y de los más importantes partidos, Acción Democrática y Copei, a través de “prestamos”, regalías y contribuciones. Solo el Banco Latino tenia a 36 congresistas con su tarjeta de crédito y ambos partidos tenían deudas vencidas de pasadas campañas electorales. A través del control de los partidos políticos dominaron la Comisión de Finanzas de Diputados y por ende el proceso de elaboración de las leyes bancarias. En consecuencia, para el momento de la crisis la Ley de Bancos vigente no tipificaba delitos que las leyes de otros países regulaban o prohibían, como los prestados a directores, familiares y personas relacionadas. El centro del delito estuvo en los préstamos y garantías sustanciales a las cupulas directivas de los bancos mediante empresas dé papel, sin capital, ni garantías, con las cuales invirtieron en enormes proyectos inmobiliarios, del turismo, agrícolas y otros. La salud financiera del banco, en sí, nunca tuvo mayor interés para ellos, les interesaba la capacidad de la institución en atraer fondos para administrarlos a su antojo. Simultáneamente al control político tuvieron Directores Principales en las instituciones que tenían injerencia en su actividad; el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE) y el Consejo Bancario Nacional. En la Superintendencia de Bancos, su influencia era determinante a la hora de designar Superintendente asegurándose de que no pudiera cumplir, a cabalidad su papel supervisor. Establecieron limitaciones presupuestarias, de personal, así como carencias y vacíos jurisdiccionales y legales. La cúspide de ese proceso de influencias ocurrió cuando Carlos Andrés Pérez, nombra a Pedro Tinoco, presidente del Banco Latino, su principal financista, a la presidencia del Banco Central, acto cumbre del conflicto de intereses. La opinión pública y en privado la Ministra de Hacienda, Eglé Iturbe de Blanco, advirtieron a Pérez, que la designación era como “zamuro cuidando carne”.
Segundo, el Deslave. Con Tinoco en el Banco Central, la entidad pierde el control de las tasas de intereses, las cuales suben vertiginosamente con el liderazgo del Banco Latino que pagaba agresivamente las tasas más altas del mercado, para atraer nuevos y ansiados depósitos. Pero como en muchas circunstancias ocurrió lo imprevisto, Pérez sale intempestivamente de la presidencia y a Velázquez, tratando de concluir su periodo, le explota una corrida bancaria, en medio de las elecciones presidenciales de 1993 y se encuentra sin repuesta frente a la inminente intervención del Latino, puesto que la Superintendencia no tenía un plan de contingencia en caso de ocurrir esa eventualidad.
Tercero, la improvisación. Caldera asume la presidencia diciendo que el tema no le concierne, demostrando una falta de liderazgo frente a la crisis, seguida por cambios espasmódicos en las directivas del Latino y declaraciones desafortunadas de funcionarios públicos, que trasmiten al público un mayor grado de desconfianza en la capacidad del gobierno en afrontarla. Ningún funcionario de jerarquía, comenzado con el Presidente, el Ministro de Hacienda o el Comisionado Especial e Interventor del Latino, trasmite confianza a los depositantes, en forma oportuna, mediante una alocución en Cadena Nacional. La desconfianza cunde y continúa con nuevas corridas bancarias. La solución del gobierno la encuentra mediante una Ley Especial de Protección a los Depositantes que permite pagarles las acreencias que tengan contra los bancos, no importa su origen o legalidad, pero con dinero inorgánico emitido por el Banco Central, a través de FOGADE, que luego provoca la devaluación de la moneda y la inflación en forma más que proporcional. Durante esta etapa se producen las otras cuatro olas de intervenciones bancarias.
Cuarto, aquí no paso nada. Al terminar la crisis propiamente y durante el gobierno de Chávez, entra en vigor el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cuyo Articulo 34 da pie a la realización de Acuerdos Reparatorios entre los banqueros y la República que termina resolviendo la situación jurídica de los banqueros prófugos y como dicen en España: “No pasa nada”.
Próximamente presentaremos nuestra investigación sobre el Debacle Bancario de 1994 en un libro producto de tres años de investigación.
Economista/ Master en Finanzas/Historiador. https://gerardolucas.wordpress.com/