MIGUEL GUTIÉRREZ ((EPA) EFE)
El Gobierno venezolano tiene desde hace un mes la pelota en su cancha, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La prolongada crisis política del país —en la que la comunidad internacional ha mediado para conducirla hacia unas elecciones con garantías— está nuevamente ante un año decisivo. Y lo será tanto como lo permita el presidente Nicolás Maduro. Los últimos pasos en la negociación entre el chavismo y Estados Unidos, en el marco de los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados, llevaron a la dirigente opositora María Corina Machado a presentar un reclamo ante la instancia judicial por una inhabilitación de facto por una supuesta irregularidad con poco fondo jurídico.
Por: El País
En los últimos años, el chavismo ha frenado toda competencia en elecciones precisamente utilizando su brazo judicial. El pasado 15 de diciembre venció el plazo para tramitar los recursos a las inhabilitaciones de candidatos. Ese día, Machado acudió al Supremo. El descanso navideño, la elección de una nueva junta directiva en el tribunal y un cierre por inventario de causas hasta nuevo aviso han servido a la Sala de lo Político Administrativo del TSJ para retrasar una respuesta que mantiene a gran parte del país en ascuas y, al mismo tiempo, negar el acceso al expediente a los abogados de la dirigente.
La semana pasada fue designada la nueva presidenta de la máxima instancia judicial de Venezuela, Caryslia Rodríguez. La magistrada no solo es abiertamente militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); también fue concejal de esa formación y pertenece al entorno cercano de la primera dama, Cilia Flores. Además, preside la Sala Electoral que ordenó la suspensión de las primarias opositoras en las que resultó elegida Machado con el 92% de los votos, una semana después de haberse realizado. En su discurso de nombramiento, la nueva presidenta del TSJ instó a los magistrados a “lograr grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar de la historia del país”.
El aparato chavista afronta, con estas premisas, un gran dilema. La negociación con la oposición ha planteado una transacción entre conceder garantías democráticas a cambio de la flexibilización de las sanciones al país para ampliar el margen de maniobra financiera de Caracas. En medio de esa encrucijada está Machado. La crisis venezolana ha entrado en un atolladero con dos escenarios extremos. El primero es dar luz verde para su participación como candidata de la oposición cumpliendo la palabra empeñada en los acuerdos de Barbados. Y el segundo, bloquearle el paso nuevamente con los costos que implique en la interlocución que el Gobierno de Maduro ha logrado con Estados Unidos.
Puedes leer la nota completa en El País