MIGUEL GUTIERREZ (EFE)
La inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional que Venezuela ha experimentado en los últimos meses. La Casa Blanca ha dado este lunes un plazo de dos meses para que el Gobierno de Nicolás Maduro permita la participación en las elecciones presidenciales, previstas para este año, de los candidatos opositores eliminados de la carrera.
FLORANTONIA SINGER || EL PAÍS
Washington también ha revocado una de las licencias de explotación de oro firmadas después de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y la oposición en Barbados. Esta es la respuesta de Estados Unidos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se reiteraron los vetos a María Corina Machado, la candidata opositora ganadora de las primarias, y el exaspirante presidencial Henrique Capriles.
El plazo de abril está sujeto al vencimiento del paquete de decretos firmados en noviembre pasado, en los que se otorgaron licencias a compañías petroleras de Estados Unidos. Eso fue lo que concedió Washington para lograr que el chavismo volviera a sentarse a negociar con la oposición una salida electoral a la crisis venezolana. Un alivio que, en la práctica, poco impacto ha tenido en la situación económica del país, pero que suponía un primer paso significativo.
El chavismo ha hecho su interpretación de los acuerdos de Barbados. Abrió el camino a cuatro candidatos de menor alcance durante los procedimientos acordados en las negociaciones y bloqueó a Machado, que lidera las encuestas, y al veterano Capriles, que ya enfrentó a Maduro en las elecciones de 2013. Estados Unidos no ha quedado satisfecho con la respuesta y ha jugado a alargar la negociación con un repliegue gradual de las concesiones.
“Tienen decisiones que tomar: permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos. Tienen hasta abril”, ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
A la par, el Departamento del Tesoro hizo una actualización de una licencia que involucra a la Corporación Venezolana de Guayana y Minerven, que controlan la comercialización del oro y toda la producción en las minas del sur de Venezuela. Antes del 13 de febrero deben cerrarse las operaciones con la empresa estatal.
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