El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, advirtió este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que la concesión de asilo al exmandatario panameño Ricardo Martinelli mina “el Estado de derecho”.
El derechista Martinelli, en el poder entre 2009 y 2014, solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá días después de perder el último recurso para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, informó la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, esposa de Ortega.
“La concesión de asilo en Nicaragua por Ortega-Murillo al expresidente panameño Ricardo Martinelli es una medida más para socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia”, dijo Nichols en la red social X (antes Twitter).
“Los funcionarios del gobierno que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas”, añadió.
No es la primera vez que Nicaragua concede asilo a expresidentes y altos funcionarios centroamericanos envueltos en problemas con la justicia. En el pasado se lo otorgó a los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Este viernes se cumple un año de la llegada a Estados Unidos de 222 expresos políticos expulsados por Nicaragua, que además les quitó la nacionalidad.
El grupo estaba integrado por defensores de los derechos humanos, aspirantes a la presidencia de Nicaragua, activistas políticos, miembros del clero, periodistas y estudiantes, entre otros.
Un año después Ortega y Murillo “siguen deteniendo injustamente o forzando al exilio a quienes desean ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua”, afirmó el portavoz del departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado.
Washington llama a las autoridades a restablecer “el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses”, agregó.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional, sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea. /AFP