Lo que se creía que solo era una práctica propia de las cárceles, ahora también se vive como el peor de los infiernos en los calabozos policiales. La evidencia de ello es la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, ubicada en San Felipe, la cual es manejada por un “pran”.
Este peligroso sujeto, además de amedrentar a los privados de libertad en su cotidianidad tras las rejas, los obliga a pagar una “causa” (impuesto extorsivo para garantizar la integridad física) de 40 dólares al mes. Además, les brinda algunos “beneficios” como caminar por determinadas áreas del recinto policial, tener espacio para dormir y recibir visitas de sus familiares.
Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el pago debe efectuarse una vez a la semana, en dólares en efectivo o a través de la aplicación de pago móvil. Vale destacar que este dinero es proporcionado por los familiares, quienes en su mayoría provienen de hogares muy humildes.
Asimismo, OVP constató que esta situación no es nueva en esa comandancia. La figura del pran es de vieja data y, según las denuncias que hemos registrado en nuestra organización, se podría decir que tiene más de siete años.
En ese sentido, los familiares indicaron que a pesar de que todos los presos cumplen con este pago extorsivo, las condiciones de los calabozos son cada vez más precarias. No cuentan con agua por tuberías y, además de resolver el dinero para la causa, también deben llevarles agua potable y alimentos.
Aunado a esto, 200 presos deben convivir como pueden en un espacio reducido con capacidad para 72 personas. En este punto radica que el pran les otorga como “beneficio” un espacio para dormir, porque muchos de ellos tienen que turnarse para acomodarse en el suelo, o incluso se ven obligados a dormitar como puedan.
Como resulta obvio, en estos calabozos ya no hay espacio para un preso más. Por ende, un estimado de 30 reclusos más se encuentran en lo que sería una cancha deportiva, donde duermen a la intemperie y no cuentan con baños para hacer sus necesidades cada vez que lo requieran.
Al igual que en otros recintos policiales, las personas allí detenidas son víctimas de retardo procesal y falta de atención médica.
NP