El régimen venezolano usa la administración de justicia como instrumento de judicialización política o acoso judicial, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar repudio popular contra opositores de cualquier tendencia, lo que se conoce como guerra legal (en inglés lawfare). Esa acción contra opositores políticos la ha extendido a grupos de la revolución bolivariana, que no se han plegado a determinadas políticas del gobierno o han asumido alguna posición crítica en materia social, política o judicial. Algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, en medio de la opacidad informativa.
Por Sebastiana Barráez / Infobae
Varias acciones violentas o de ataque impulsadas, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), a través de grupos de choque o bandas armadas, se han ejecutado a través de campañas o eslóganes como “furia roja”, “tun tun”, “furia bolivariana”, entre otros.
Las amenazas no son recientes. Hugo Chávez le dio fuerza a los Círculos Bolivarianos, algunos derivados en grupos violentos que atacaron a dirigentes de oposición. Se le suma el respaldo de grupos colectivos, principalmente de la parroquia caraqueña 23 de Enero, la mayoría formados en la década del 90, mucho antes de la llegada de Chávez al poder.
A medida que avanza la revolución bolivariana en Venezuela, los colectivos, los círculos bolivarianos y los grupos de choque en general, también sufrieron transformaciones. Lina Ninette Ron Pereira, furibunda defensora de la revolución chavista, con un verbo fuerte y agresivo, logró mantener ascendencia sobre los más importantes colectivos del 23 de Enero y otros sectores de Caracas, pero su muerte en marzo de 2011 desató las acciones de los grupos, que recibieron protección de algunos dirigentes del chavismo.
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