En una semana, el Gobierno de Nicolás Maduro pateó –una vez más y con inusitada violencia– el frágil sistema de protección de derechos humanos en Venezuela con la detención de la activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual funcionaba en Caracas desde 2019.
Por El Tiempo
Esto en medio del pulso con la comunidad internacional y con la oposición por la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado, y por la falta de un calendario electoral para este año.
Según el último estudio de la firma Polianalítica, Machado goza del apoyo del 50 por ciento de los potenciales votantes mientras Maduro no roza el 20 por ciento, lo que es una muestra de la necesidad de control del chavismo al saberse perdidos.
Los activistas de derechos humanos aseguran que estas dos acciones intensificarán el patrón represivo que no en vano derivó en una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), y que al menos podía ser documentado de primera mano en Caracas con la oficina de la ONU.
Para la abogada Andrea Santa Cruz, el mensaje enviado con la detención de San Miguel es poderoso, pues el Estado arrecia contra las ONG y los activistas.
Esto ocurre no solo a través del actuar policial, sino que la persecución también será por vía “legal” a través del texto que puede ser aprobado en cualquier momento en el Parlamento y que lleva por nombre ‘Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines’.
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