La defensa de Julian Assange pidió este martes al Tribunal Superior de Londres permiso para volver a recurrir su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Reino Unido en 2022, sobre la base de que no tendrá allí un juicio justo.
El fundador de WikiLeaks, que está en prisión preventiva en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh, no pudo asistir a esta audiencia al encontrarse enfermo, entre temores por un deterioro de su salud.
Su hermano, Gabriel Shipton, dijo a las puertas de la corte, entre una gran multitud que pedía su liberación, que su estado “es muy delicado”, mientras que su esposa, Stella Assange, declaró a EFE el pasado viernes que si pasa a manos de Washington morirá.
Presunta motivación política
Durante la sesión de este martes, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson escucharon los argumentos de la defensa y el miércoles le toca el turno a la Fiscalía británica -en representación de la Justicia estadounidense-, tras lo cual emitirán un dictamen de inmediato o en otra fecha.
Si acceden a la petición de Assange, se iniciará un nuevo juicio de apelación sobre aspectos del caso que la defensa no recurrió previamente en otro proceso en 2021.
Si se la deniegan, se activará el proceso de deportación a EE.UU., que le requiere por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, penados con hasta 175 años de cárcel.
Su abogado, Edward Fitzgerald, enumeró los argumentos para justificar un nuevo recurso e invalidar la orden firmada en abril de 2022 por la entonces ministra del Interior Priti Patel.
Dijo que la orden viola el Tratado de extradición de 2003 entre los dos países al ser los delitos imputados de carácter político, además de vulnerar sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, entre otros.
Según los documentos entregados al tribunal, la Justicia estadounidense solicita por su parte que se le impida recurrir y se ejecute su entrega, con el argumento de que el acusado cometió delitos de tipo penal al difundir en 2010 y 2011 información secreta del Gobierno estadounidense, que, mantiene, puso en peligro la vida de múltiples informantes.
Fitzgerald señaló que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019) demuestra la motivación política del caso y pidió que esto se admita como prueba.
Consecuencias para la prensa
El letrado también adujo que se trata de “la primera vez en la historia de Estados Unidos que un editor es procesado por obtener o publicar (en lugar de filtrar) secretos de Estado”, lo que alegó que tendrá graves consecuencias para la actividad periodística.
El equipo legal de Assange denunció que Washington podría no reconocerle los mismos derechos de libertad de expresión que a un ciudadano estadounidense, al ser él de nacionalidad australiana, lo que, dicen, impediría que se hiciera justicia.
La defensa teme además el posible sesgo de un jurado en EE.UU. y que las autoridades del país puedan agregar ‘a posteriori’ cargos a su cliente, lo que vulneraría el principio de solo permitir la extradición por los delitos especificados en la orden internacional de arresto.
Assange, que es autista y sufre depresión y otras dolencias, lleva casi 14 años confinado en el Reino Unido pese a no haber sido condenado por ningún delito.
Tras ser detenido en 2010 a instancias de Suecia por un caso hoy archivado, se refugió como asilado político en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019, tras lo cual fue arrestado a petición de EE.UU. y trasladado a Belmarsh.
Durante su encierro en la legación diplomática, tuvo dos hijos con la abogada sueco-española Stella Assange, quien lidera la campaña por su puesta en libertad.
EFE