Si algo no ha dejado de funcionar, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es la puerta giratoria con presos políticos, civiles y militares; unos entran y otros salen, aunque la mayoría nunca termina totalmente libre. Pero para sembrar el miedo, la tortura y la violación de derechos humanos, ya no le era suficiente que los sótanos de reclusión de la DGCIM los convirtieran en centros de tortura, sino que en el 2019 acondicionaron un nuevo sitio en el Fuerte Tiuna y desde hace meses venían remodelando el Rodeo I, para que el Ministerio Penitenciario tome el control de un importante número de presos políticos, trasladados desde el 18 de febrero.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Familia de los detenidos coinciden en señalar que solo recibieron, en las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), una información verbal, por parte de una funcionaria. Eso fue el lunes 19 de febrero cuando llegaron con los suministros para los detenidos. “Tengo una información que darles. Varios reclusos fueron trasladados a otro penal, al Rodeo I”, dijo la mujer, quien empezó mencionando a los sindicalistas y luego a los militares y civiles.
Otra vez, el régimen desaparece a una treintena de presos políticos y ahora no se sabe por cuánto tiempo. Hay detenidos a quienes muchas veces no les permiten recibir visitas y eso se pospone durante semanas e incluso meses, siempre con la amenaza: “si denuncian les va a ir peor”. Quienes durante la semana han estado en el Rodeo I, el nuevo campo de concentración de la revolución bolivariana, revelan que no saben a qué organismo pertenecen los funcionarios que están como custodios.
El Rodeo I está a cargo de la Ministra del Régimen Penitenciario, Vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, quien encomendó al General Luis Marcel Ojeda para inaugurar la nueva cárcel, donde enviaron a presos políticos desde hace un año estaba en plena remodelación, por lo que tampoco tiene relación con la expulsión, por parte del régimen venezolano, de los delegados de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas en Caracas.
Desde hace meses que jefes de las cárceles, donde están recluidos presos políticos, venían advirtiendo con esos traslados. En el caso del General Octavio Maximiliano Gómez Hernández, en recorrido por el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde amenazaba que a quien denunciara en las redes sociales lo enviarían al Rodeo I.
Hay evidentes irregularidades y violación a sus derechos humanos, a la comunicación con sus familiares y abogados, además de no haber notificación alguna de sus traslados. En este momento, esos detenidos están incomunicados, porque ninguno ha hecho las llamadas telefónicas desde hace cinco días, entre ellos Igbert Marín, Juan Carlos Marrufo Capozzi, Héctor Hernández y Oswaldo Valentín García Palomo.
La angustia para los familiares se reaviva, porque al no haber comunicación oficial todo se diluye en supuestos. Madres, esposas, hijos, hermanos que acudieron el lunes, en la noche, a la DGCIM para cerciorarse de lo que estaba sucediendo, les negaron la información.
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