Desde que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, visitó Venezuela por primera vez, seis presos bajo custodia de los organismos de seguridad murieron por tortura y por no prestarles asistencia médica. Lamentablemente para las víctimas la Oficina de la ONU no estuvo a la altura para protegerlas, distrayéndose en actividades, reuniones, encuentros, talleres y otras actividades con las que el régimen venezolano los mantuvo ocupados creando relaciones públicas. La frustración de las víctimas y sus familiares es evidente.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
El 1 de enero de 2020, al mando del GB Carlos Terán Hurtado, entonces director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los custodios subalternos trasladaron a 48 civiles y militares a una nueva cárcel en el sótano 2 de la sede principal de ese cuerpo de seguridad, llamada La Casa de Los Sueños.
Son 16 celdas de 3 metros de largo por 2.5 de ancho, con una pequeña ventana cuadrada y una ventana rectangular para meter ahí una cómoda, en una puerta de hierro sin barrotes. En ese infernal lugar los presos no reciben aire puro ni luz natural. En esa nueva sede se construyó una celda de tortura llama El Ataúd.
Todo eso ocurrió frente a la comisión de la entonces Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Sus delegados estaban ocupados en dictar cursos a los organismos del Estado encargado de “proteger” los derechos humanos.
También ocurrió la muerte de seis presos en custodia: capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio 2019, por brutales torturas; Virgilio Jiménez, por falta de asistencia médica, el 5 de febrero 2019; Pedro Pablo Santana Carvallo, el 14 de agosto 2020 por complicaciones de salud una vez que fue detenido; el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, el 3 de enero 2021, por denegación de asistencia médica; Gabriel Medina Díaz, a quien no le prestaron asistencia médica, muere el 29 de agosto 2021; Raúl Isaías Baduel, fallece el 12 de octubre 2021.
Antes, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le negaron la asistencia médica al ingeniero Nelson Martínez, quien fue presidente de la estatal Citgo, Ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela. Estando en el cargo fue detenido el 30 de noviembre 2017, y fallece el 12 de diciembre 2018.
“El sábado 17 de noviembre del 2018, cuando fui a visitarlo, lo encontré muriéndose y no exagero. No podía hablar, ni moverse, temblando, tenía días sin comer ni tomar nada. No aguantó ni 10 minutos y el custodio se lo llevo ayudándolo a caminar””, narró a Infobae, en agosto de 2020, su esposa, Beatriz Arias de Martínez.
Los informes
Bachelet presentó un primer y contundente informe, pero los siguientes fueron cada vez más tibios y la contundencia no era precisamente en los casos de violación a derechos humanos, denegación de justicia, tortura o actuación de los funcionarios de los cuerpos de inteligencia, DGCIM y Servicio Bolivariano (Sebin).
Cada vez más, los informes daban como excusa las sanciones económicas impuestas por varios países, especialmente Estados Unidos, contra funcionarios venezolanos.
Lo que nunca dejó claro Bachelet ante los venezolanos, ante las víctimas y ante el mundo, es qué tienen que ver las sanciones con la tortura, la muerte, procesos amañados, amenazas, desapariciones forzadas, instalación de casas base de la Dgcim y el Sebin, violación al debido proceso, denegación de justicia, informes amañados de los cuerpos de seguridad, enjuiciamiento sin pruebas de numerosos civiles y militares acusados de Traición a la Patria, instigación a la rebelión y otros.
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