En plena área metropolitana de Cali se vive hoy bajo el régimen de terror que impusieron las Farc de Iván Mordisco. Mientras el presidente Gustavo Petro se dedica a hablar de paz total, las disidencias acumulan poder y cogobiernan en Jamundí, donde patrullan armados, uniformados y en motos de alto cilindraje, tienen retenes ilegales constantes, secuestran, asesinan, trafican cocaína, carnetizan a la población, exigen permisos de circulación y están acabando con la selva, generando una de las deforestaciones más grandes de los últimos años para construir una carretera que les permita conectar con el mar Pacífico y enviar cargamentos de droga.
Por Semana
A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, ante la mirada casi permisiva de la fuerza pública, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente que desafía al Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta, en la que en menos de un año han asesinado a más de 50 personas, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71. La crítica situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana debido a la “sistemática violación a los derechos humanos” en Jamundí.
En impactantes videos conocidos por SEMANA se ve a guerrilleros armados patrullando, con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar el terror; también se les ve deteniendo ciclistas, a quienes se les exige documentación al día. Un panorama desolador que devuelve a Colombia al pasado, al mismo escenario de miedo, incertidumbre y dolor de hace tres décadas.
Lo sorprendente es que todo esto ocurre a 15,8 kilómetros del Cantón Militar Pichincha, uno de los más grandes e importantes del país. Los militares, maniatados por el cese al fuego y de operaciones contra esa estructura criminal, son solo siluetas en este coctel delictivo de uno de los cinco municipios más importantes del Valle del Cauca. Lo que ocurre aquí es la mejor muestra de debilidad del Gobierno, que se dejó ganar terreno de la criminalidad en diferentes zonas del país.
Un equipo periodístico de SEMANA llegó hasta la riesgosa zona rural de Jamundí para constatar las denuncias de varios líderes del sector.
“La guerrilla es la ley”, dijo un vocero campesino. Su premisa no es exagerada, porque basta con alejarse cinco kilómetros del casco urbano para encontrar señales de advertencia de la columna Jaime Martínez, que generan terror.
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