El secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda –refugiado político en Chile desde 2018–, está marcado por elementos inusuales. En una capital como Santiago de Chile donde los secuestros extorsivos experimentaron un alza hace dos años –en 2021 hubo 26; en 2022, 46 y en 2023, 56, según la Policía de Investigaciones, PDI–, la Fiscalía intenta contra el reloj armar el rompecabezas complejo de una trama que se ha instalado en la primera línea de la conversación nacional y de las preocupaciones políticas, en medio de una inédita crisis de inseguridad pública. De crucial importancia será lo que ocurra este lunes en el Centro de Justicia donde se formalizará la investigación contra un ciudadano venezolano de 17 años –el primer detenido en esta trama–, por el delito de secuestro con homicidio.
Por Rocío Montes / Ana María Sanhueza / elpais.com
Ojeda fue sacado de madrugada de su departamento del municipio de Independencia, en la zona poniente de Santiago de Chile. Estaba con su esposa y su hijo de cuatro años. Fue el 21 de febrero –10 días antes de que se encontrara su cuerpo el pasado viernes, sepultado bajo cemento– y el secuestro fue realizado por tres sujetos que utilizaron el uniforme de la PDI y se taparon los rostros, mientras un cuarto delincuente se encargó del portero del inmueble. Un factor extraño es que todo apunta a que el grupo se dejó grabar (en la mayoría de los edificios modernos hay cámaras) y, pese a que dieron señales de profesionalismo en la operación, no se llevaron el DVR (el sistema de grabación de vídeo digital), como sí lo han hecho en otras ocasiones las bandas delictivas, sobre todo en asaltos. No se trataría de un error de aficionados, sino de que los criminales podrían haber querido dar una señal. La pregunta es, ¿a quién?
Existe un segundo factor: la vestimenta. Es la primera vez que en Chile, desde que los secuestros tuvieron un alza en 2022, tras la irrupción de bandas transnacionales, que se realiza uno con los criminales vestidos de policía, lo que ha llamado la atención de las autoridades. La forma de ejecución en el caso Ojeda, por lo tanto, se desapega de lo que se ha visto hasta ahora: la víctima casi siempre camina por la calle, los captores la meten a un auto y se lo llevan. Los victimarios del exmilitar venezolano, sin embargo, la madrugada del 21 de febrero subieron hasta un piso 14 para capturarlo. Superaron en audacia a Los piratas del Tren de Aragua –una facción del Tren de Aragua– que en noviembre sacaron con luz de día de su lugar de trabajo al empresario de Rancagua, al sur de Santiago, Rudy Basualdo. En esa ocasión, fue liberado luego de 40 horas y tras un pago millonario.
Desde que se empezaron a disparar los secuestros, por otra parte, la Fiscalía ha investigado dos tipos. Primero, los extorsivos –que es la mayoría–, es decir, cuando los criminales piden dinero a cambio de la liberación de la víctima. Antes se producían sobre todo entre delincuentes, pero actualmente afectan también a víctimas sin antecedentes policiales y pequeños comerciantes, principalmente extranjeros. Uno de esos casos fue el secuestro, en julio, en el centro de Santiago, de una mujer venezolana que era dueña, junto a su marido, de una pastelería: llegaron ocho sujetos en un auto sin patente y se la llevaron por un fin de semana. La pareja, finalmente, decidió irse del país.
Pero hay una segunda modalidad de secuestro: la que se produce entre bandas, donde el objetivo no radica en conseguir dinero a cambio del rescate, sino entregar a una señal a otro grupo. En este tipo de casos han acabo con la vida del secuestrado.
Existe otro elemento importante. Todo indica hasta ahora –como lo ha dicho el fiscal a cargo, Héctor Barros–, que el caso de Ojeda se trata de “una operación compleja vinculada al crimen organizado”. Y en Chile, “después de la pandemia, el crimen organizado se llama Tren de Aragua”, como aseguró en septiembre el director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz. En este caso, entre otros factores, el cadáver fue encontrado en una maleta y enterrado a 1,4 metros de profundidad bajo cemento, como lo han hecho ya Los Gallegos, otra facción de la misma organización en Arica, en el norte de Chile. Pero lo inusual fue la forma de realizar el secuestro de Ojeda: los criminales vestidos de policías. Este punto parece de total relevancia y explica que sigan abiertas las diferentes hipótesis sobre el móvil del secuestro y asesinato.
Para la oposición venezolana, sigue abierta la posibilidad de que se trate de un móvil político. Este domingo, la líder de la oposición al Gobierno de Venezuela, María Corina Machado, se refirió a esta trama. “El brutal crimen del teniente Ronald Ojeda, expreso político venezolano asilado en Chile, ha provocado conmoción en nuestro país. Su secuestro y asesinato evidencia que el acoso trasciende las fronteras. Esperamos los resultados de una investigación exhaustiva por parte del Gobierno de Chile para llegar a la verdad de los hechos y para que los responsables enfrenten la justicia. Todo nuestro respaldo y solidaridad con los familiares y compañeros del Teniente Ojeda”, escribió en la red social X.
La data de muerte fue de entre siete y 10 días, es decir, no está claro todavía si lo mataron inmediatamente o si permaneció algunos días con sus captores, para sacarle información o agredirlo, por ejemplo. Pero no se pidió dinero ni hubo comunicación con la familia, a diferencia de lo que ocurre con este tipo de hechos que se han registrado en Chile desde 2022, donde los criminales entregan pronto señales. Este punto indica que, en principio, no buscaban recompensa. La cantidad de días en que las autoridades se tardaron en encontrar el cuerpo, 10, no solo muestra la vulnerabilidad de Chile, sino la capacidad de este tipo de grupos para escabullirse.
Están pendiente otras dos detenciones de sujetos que el fiscal Barros tiene identificados y que estuvieron involucrados en la operación delictual. Pero los investigadores tienen claro un patrón de conducta de este tipo de delincuentes: cuando se trata de crimen organizado puro y duro, nunca ha habido colaboración, al menos en Chile.