El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, anunció este jueves la apertura de un sumario administrativo tras la publicación en la prensa local de unos presuntos chats entre uno de los fiscales que imputó al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2013) y ocho exfuncionarios y Pedro Ovelar, el abogado del también exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).
En una rueda de prensa, Rolón explicó que con la investigación se busca “conservar la credibilidad institucional”, frente a “algunas dudas de comportamientos de fiscales”.
“Ante la probable defección detectada, según la denuncia, nos vimos en la obligación de asignar a la Inspectoría General, para nosotros Asuntos Internos, para investigar estos aspectos que hacen a los chats y comunicaciones”, detalló.
Según una investigación difundida por el diario ABC Color y la radio ABC Cardinal, los presuntos diálogos de WhatsApp entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2023, en los que se hace alusión a supuestas reuniones entre ellos, el envío de archivos y pedidos del defensor sobre asuntos a investigar.
El fiscal general precisó que el sumario parte con una investigación preliminar durante la cual se irá “recolectando elementos”, se procesarán evidencias, aunque no precisó el tiempo de duración.
“Eventualmente, esas conclusiones merecerán, inclusive, la posibilidad de la actuación del Tribunal de Disciplina”, adelantó.
El titular del Ministerio Público prometió “integridad institucional, manejo apolítico” y que cualquier decisión que se tome sea “en base a evidencias”.
Además, aclaró que no tiene “pactos, componendas, con ningún sector”.
Este jueves, Rolón designó a un nuevo equipo de fiscales en reemplazo de Cantero y su colega Giovanni Grisetti y dejó sin efecto la coordinación de la causa por parte de la fiscal adjunta Patricia Rivarola.
Los tres tenían a cargo la investigación que derivó en la imputación de Abdo Benítez y sus exfuncionarios tras una demanda presentada en julio del año pasado por Cartes, quien dijo que afrontaba desde 2018 una supuesta “persecución” por parte de “personas en el ejercicio del poder político”.
La causa quedó ahora a cargo de los fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria.
EFE