El estado de Georgia ejecutó este miércoles al preso que estaba en el corredor de la muerte Willie Pye, quien fue condenado y sentenciado a muerte por el asesinato de Alicia Lynn Yarbrough en 1993.
Por CNN
La ejecución, que es la primera de Georgia en más de cuatro años, se llevó a cabo mediante inyección letal a las 11:03 p.m. en una prisión en Jackson, aproximadamente 80 kilómetros al sur de Atlanta, según un comunicado de prensa del Departamento de Correcciones de Georgia. Pye no hizo una declaración final, según el comunicado.
Pye, de 59 años, fue ejecutado después de que la Corte Suprema de EE.UU. denegara sus apelaciones finales este miércoles por la noche. En una petición de clemencia y varios escritos judiciales, Pye y sus abogados solicitaron salvar su vida, citando una discapacidad intelectual, una crianza problemática y asistencia legal ineficaz.
La ejecución de Pye marca la primera en Georgia desde enero de 2020, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro. Las ejecuciones se detuvieron allí como resultado de la pandemia de covid-19, según la Asociación de Abogados de EE.UU.
Pye fue condenado en 1996 por asesinato con premeditación, secuestro con lesiones corporales, robo a mano armada, allanamiento de morada y violación en el asesinato de Yarbrough, con quien tenía una relación romántica intermitente, según los registros judiciales.
La ejecución fue precedida por una oleada de apelaciones de último minuto, no poco comunes en casos capitales, incluidas dos presentadas ante la Corte Suprema de EE.UU. que finalmente fueron denegadas.
En una de ellas, Pye argumentó que no debería ser ejecutado debido a un acuerdo de la era de la pandemia entre la Oficina del Fiscal General de Georgia y los abogados defensores capitales que efectivamente detuvo las ejecuciones en el estado hasta que se cumplieran ciertas condiciones.
Los abogados de Pye argumentaron que al excluirlo del acuerdo, el estado lo colocó en una “clase desfavorecida de prisioneros del corredor de la muerte”, supuestamente violando las cláusulas de igual protección y debido proceso de la 14a Enmienda. El estado instó a los jueces a negar la apelación de Pye, citando la determinación de un tribunal estatal de que él no era parte del acuerdo.
La otra apelación se originó en el argumento de Pye de que tenía una discapacidad intelectual, lo que sus abogados argumentaron que debería hacer su ejecución inconstitucional. Sin embargo, Georgia exige a los reclusos que prueben una discapacidad intelectual más allá de una duda razonable, una carga de prueba que los abogados de Pye dijeron que era tan alta que también debería ser inconstitucional.
Una vez más, el estado instó a la Corte a negar la apelación, en parte, debido al rechazo previo de un tribunal estatal de reclamaciones similares.
Al declinar detener la ejecución de Pye, la Corte Suprema no explicó su razonamiento, como suele ser el caso en apelaciones de emergencia. No hubo disidencias notadas.
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