Resulta escalofriante e irresponsable el inmovilismo de la UE, y dentro de ésta, del Gobierno español ante las trampas que utiliza el régimen de Maduro para mantenerse en el poder
Los días corren hacia el 28 de julio, fecha señalada para las elecciones presidenciales en Venezuela, y las irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro se siguen acumulando ante la inacción de los demócratas del mundo. Se sabía que los actuales gobernantes intentarían neutralizar la candidatura de María Corina Machado, una ingeniera de 56 años que debe su popularidad a la consistencia que ha mostrado estos años en la tarea de oposición a la dictadura bolivariana, incluso a riesgo de su propia vida. Pero dado que en los acuerdos de Barbados se incluyó un punto en el que las partes se comprometieron a respetar el derecho de cada actor político a seleccionar sus candidatos, la oposición creyó que podría presentar a Machado que, pese a estar inhabilitada por quince años por una decisión administrativa, recibió el 95 por ciento de los votos en las primarias opositoras. La presión sobre Machado por parte de las instituciones títeres de la dictadura ha sido enorme en los últimos días. Varios de sus colaboradores han sido detenidos y otros han tenido que refugiarse en embajadas.
Hoy se cumple el plazo para inscribir candidaturas y Machado, pese a ser consciente de que es objeto de una injusticia, ha tomado una decisión de alto riesgo: avalar la candidatura de otra persona en su lugar para no dejar a la Plataforma Unitaria sin candidata. En este caso se trata de Corina Yoris, una académica octogenaria, especialista en historia y filosofía, que formó parte de la comisión nacional de primarias, un órgano que contribuyó a cuajar la unidad opositora en 2023. No es la primera vez que Machado recurre a una estratagema parecida. Ya lo hizo en 2014, durante su primera inhabilitación, cuando era candidata a la Asamblea Nacional. Al cierre de esta edición, sin embargo, Yoris tampoco había podido formalizar su candidatura.
Desde que los suscribió en octubre en la capital de Barbados, el régimen de Maduro no ha hecho más que boicotear los acuerdos alcanzados entre su Gobierno y la Plataforma Unitaria con los auspicios de Noruega, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y EE.UU. A cambio de la promesa de un proceso electoral limpio, Biden suspendió una serie de sanciones que han terminado dando oxígeno al régimen. Incluso liberó a Alex Saab, testaferro del régimen, encarcelado en Miami. El Consejo Electoral, la Contraloría General y el Tribunal Supremo son meras extensiones del poder de Maduro, dedicados a encontrar subterfugios para anular a cualquier competidor con posibilidades, tal como hizo Putin en las elecciones rusas o como hizo Ortega en Nicaragua.
Las quejas de organismos como el Comisionado de la ONU para los DD.HH. no han intimidado al régimen. Al contrario, hace un mes expulsó del país a todos los trabajadores de esta oficina internacional al tiempo que encarcelaba a varias activistas. Simultáneamente, Maduro se empeña en mantener la presión sobre el territorio de Esequibo, controlado por la vecina Guyana. Esta semana se ha aprobado una ley que prevé su anexión. La arbitrariedad y la falta de escrúpulos de la dictadura chavista ya no sorprende a nadie, pero resulta inquietante el inmovilismo de la UE, y dentro de ésta, del Gobierno español, que no ha querido expresar su preocupación precisamente cuando el caso Koldo ha descubierto que los vínculos entre el madurismo y el Ejecutivo de Sánchez son tan profundos como se pensaba. Que Zapatero, entregado desde hace años a Maduro, haya alabado «la limpieza» del tinglado electoral montado por el régimen confirma los peores pronósticos para la libertad en Venezuela.