El sistema de salud de los colombianos colapsó esta semana. El presidente Gustavo Petro lo recibió con serios problemas financieros el 7 de agosto de 2022, después de haber resistido el más grande reto: la pandemia del covid-19. Pero la crisis se agravó en los últimos días. Petro, tras llegar al poder, puso en marcha una estrategia para darle un revolcón bajo la premisa de que la salud se convirtió en un negocio que enriqueció a unos pocos y se volvió un nido de corrupción. Para ello, ha propuesto eliminar las EPS, hacer giros directos a hospitales, clínicas y prestadores de servicios médicos y enfatizar en la prevención. Tras un año largo de discusión, el Gobierno cedió en que las EPS fueran gestoras y dejaran de ser prestadoras.
Por Semana
El plan fue claro. Presentó su reforma a la salud en el Congreso, la cual se hundió el pasado miércoles en medio de una inmensa polémica nacional que no hizo posible los consensos. De forma paralela, hay quienes aseguran que el Gobierno propició la asfixia de las EPS al no pagarles todas las cuentas que reclamaban, incluso luego de una orden de la Corte Constitucional, y aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por debajo de lo necesario.
Casi a la par del hundimiento de la reforma, coincidencia o no, la Superintendencia de Salud decidió intervenir dos de las prestadoras más grandes: Sanitas y la Nueva EPS, que suman juntas unos 16 millones de afiliados. El viernes, Compensar, con casi 3 millones de usuarios, pidió su liquidación voluntaria por la crisis económica y la incapacidad de prestar el servicio. Por esta razón, muchos consideran que Petro puso en marcha su reforma.
En marzo de 2023, el presidente había pronosticado lo que vendría. A tal punto que habló de un efecto “dominó” y de cómo solo era necesario esperar para ver caer, una a una, las EPS con serios líos y algunas con sus pecados. Y así sucedió. Es cierto que el sistema no ha sido ajeno a la corrupción, el desplome de Saludcoop es prueba de ello, pero también es una verdad de a puño que se ha destacado como uno de los mejores de América Latina. Hoy el otro hecho fáctico es que la salud de 27 millones de usuarios de las EPS está en manos del Gobierno.
Para leer la nota completa, aquí