Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra mineros detenidos en octubre de 2023

Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra mineros detenidos en octubre de 2023

Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra mineros detenidos en octubre de 2023

 

Más de 5 meses tiene su hermano detenido en Venezuela, el mismo tiempo que tenía trabajando la minería artesanal al sur del estado Bolívar. Fue una llamada la que dio aviso de que su familiar, Rildevan Silva Lima, estaba detenido junto a 17 personas más durante un operativo realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las aguas del río Cuyuní en El Dorado.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com





En este tiempo, su hermano que es oriundo de Brasil, ha pasado por dos centros de reclusión. El primero fue el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Destacado 624 en Tumeremo, y el segundo fue el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix.

Hace dos meses, Ronivon Silva Lima dejó Brasil para mudarse al estado Bolívar y así poder apoyar a su hermano. “Lo visito cada domingo. Está bastante flaco, es entendible por toda la situación que estamos viviendo”.

Este lunes 8 de abril se dieron cita en el Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, para el inicio del juicio oral y escrito. Arcadio Salvador Acosta, representante legal de Rildevan Silva Lima, señaló que está siendo procesado por presunto tráfico de material estratégico y otros delitos.

“La defensa ha demostrado a lo largo del proceso, ya más de 5 meses desde que fueron detenidos el pasado 9 de octubre, que estos ciudadanos no guardan relación con los hechos por los cuales están siendo investigados. Estos ciudadanos arrimaban, que es la manera en que se conceptualiza el término de pagar por la actividad minera, a la Corporación Venezolana de Minería, y además de eso en la investigación se demostró que estos ciudadanos no forman parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada”, señaló el abogado defensor.

Detalló que las personas estaban divididas en tres embarcaciones tipo draga, por las aguas del río Cuyuní. En ellas iban 18 personas, 17 brasileños y un venezolano, de los cuales 16 son hombres y dos mujeres que se desempeñan como cocineras.

Los detenidos en el caso son Rildevan Silva Lima, Marcio Caitano De Sousa, Gerson Romeu Shwingel, Ernandes Caleca De Sousa, Jardeilson De Sousa Paulino, Ricardo De Sousa Dias, Oseas De Freites Ribeiro, Luan Malgahes Da Silva, Osmalys Johnnatha Ochoa Arévalo, Solaniel Sousa Da Silva Sotrohan Gowkaran, Raimundo De Sousa Ferreira, Arias Pereira Brandao, Ronaldo De Oliveira Da Silva y Bruno de Sampaio Da Silva.

“Son tres dragas, identificadas plenamente con el logo de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), estaban a la vista de todas las autoridades. Tenían ya cinco meses y cada una de las dragas pagaba el concepto de 50 gramos por concepto de arrime”, detalló el abogado.

Vicios en el proceso

Arcadio Salvador Acosta detalló que “este documento fue judicializado, esa es una de las pruebas de mayor envergadura con la que cuenta la defensa para demostrar la inocencia de mis representados, y fue admitida por supuesto por el Tribunal Cuarto de Control durante la celebración de la audiencia preliminar”.

“No es por falta de defensa, sino por asuntos propios del proceso. Nosotros confiamos plenamente en la justicia del país, si no, no estuviéramos aquí como abogados. Confiamos plenamente en nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pero bueno, aguas abajo, hay algunas situaciones que no le permiten a los jueces, en oportunidades, tomar decisiones. Las embajadas de estos países, o de este país de Brasil, está siguiendo muy de cerca el proceso, y por supuesto ha solicitado a través de una figura de carácter internacional”, explicó el abogado penalista.

Detalló que en medio del proceso habido mucha “oscuridad”.

“Tiene la obligación indelegable el tribunal de responder sí o no. Es decir, si lo iba a negar, también debía responderlo, pero hay una omisión de pronunciamiento de lo que se conoce en Derecho Penal como denegación de justicia. Eso está causando una violación del debido proceso de derechos, que son de carácter constitucional. Luego solicitamos un control judicial. El juez en esta fase del proceso tiene la garantía y el control constitucional y debe velar por los intereses de los imputados”, señaló.

Sumó que “tampoco contestaron ese control judicial que nosotros interpusimos en tiempo hábil, además. Ya hay dos violaciones. Y, en tercer lugar, a través de un recurso de apelación interpuesto en la Corte de Apelaciones, pidiéndole a la Corte de Apelaciones que reparara las denuncias efectuadas por esta defensa y nos lo declararon sin lugar. Ninguno de ellos contaba ningún registro, ningún delito previo”.

Tanto la embajada de Brasil como otras organizaciones internacionales se han interesado por el caso y le han hecho un llamado a los garantes de “justicia” a otorgarles la libertad.