El Gobierno de Panamá defendió este lunes su estrategia “humanitaria y de seguridad” en el Darién, la agreste selva que sirve de frontera con Colombia por donde están pasando miles de migrantes que viajan de forma irregular hacia Norteamérica en una crisis sin precedentes evidenciada en la cifra inédita de más de 500.000 de estos viajeros en 2023.
La administración del presidente Laurentino Cortizo respondió así a un informe presentado la semana pasada por la organización Human Rigths Watch (HRW), que acusó a las autoridades de Colombia y Panamá de no estar “protegiendo ni asistiendo” a los migrantes y de no investigar los abusos, incluidos los asaltos sexuales, de que son víctimas.
De enero a la fecha han pasado más de 114.000 migrantes por la selva de Darién, más del 20 % menores de edad, dijo un comunicado oficial.
Arista humanitaria y de seguridad
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, dijo en una conferencia de prensa que Panamá gestiona esta crisis entendiendo que “la migración es algo humanitario pero tiene el complemento de seguridad nacional” también.
Por ello una de las medidas en la frontera con Colombia es la toma de datos biométricos de los viajeros en las estaciones migratorias, donde también reciben atención sanitaria y alimentación.
Así se han detectado personas con alerta “terrorista, narcotraficantes, violadores”, que se han puesto a disposición de la Interpol si es el caso, o de las autoridades panameñas para “regresarlos a sus países”.
Las autoridades panameñas también han realizado “321 aprehensiones entre nacionales y extranjeros involucrados en eventos delictivos contra migrantes” entre los años 2021 y 2024, dijo por su parte el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea.
Un comunicado oficial indicó que entre los delitos de mayor incidencia denunciados por los migrantes están el robo y la violación.
Gobea sostuvo que el colombiano “Clan del Golfo es el encargado de organizar el flujo migratorio” por el Darién y que en asociación “con panameños, con latinos, con indígenas y con colombianos intentan abrir rutas por el territorio panameño tratando de movilizar migrantes, explotándolos y llevándolos, creando campamentos clandestinos”.
Entre 2021 y 2024, las autoridades de Panamá además han auxiliado a 1.760 migrantes mediante acciones de evacuaciones médicas y operaciones de rescate en la frontera, dijo el comunicado oficial, que señaló que las causas de muerte con mayor incidencia reportadas son inmersión, paro cardiorrespiratorio y homicidio.
Duras críticas a HRW
Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) criticó duramente a HRW por emitir un informe que, dijo, “no refleja la realidad de lo que sucede en el Darién”.
“Más de 900.000 personas han pasado por el Darién en estos 5 años. Hay más de 17 instituciones, ONG allá en el Darién y jamás hemos escuchado los relatos que ahora ellos relatan en su supuesto informe, que tiene más aristas de ser un informe ideológico, que de la realidad objetiva de lo que pasa en el Darién”, dijo Gozaine.
En el documento de HRW, argumentó Gozaine, “no hay una sola línea” en defensa de los infantes “inocentes que ni siquiera han decidido iniciar ese camino por la trocha” y terminan siendo “abandonados” en la selva, ni tampoco con relación a los funcionarios panameños “que exponen su vida” en el lugar.
“Si les importara tanto que violaran a las mujeres en la selva, les dijeran que no pasen por ahí, sin embargo, reportes de periodistas internacionales que ustedes mismo han visto dicen que ellos en Colombia le entregan anticonceptivos y les dicen que van a ser violadas en la selva y es para que no queden en cinta”, insistió la jefa de la oficina de Migración panameña.
Panamá, que dice haber invertido más de 70 millones de dólares en el operativo en el Darién, insiste en la necesidad de que la comunidad internacional se involucre más en la gestión de la crisis migratoria y ha pedido más recursos financieros para atender a los viajeros. EFE