Los jueces de La Haya interpretarán la entrega de un documento oficial de Venezuela sobre su controversia con Guyana, dentro del plazo fijado para ello, como una aceptación implícita de su competencia en el caso, advierten especialistas. Es un principio legal conocido como “forum prorogatum”.
Por vozdeamerica.com
Venezuela acaba de reafirmar “de facto” la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre su controversia con Guyana por el Esequibo al entregarle un documento extenso y formal donde argumenta su reivindicación de ese territorio, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro afirma que el tribunal no tiene competencia en el tema, advierten los expertos.
El gobierno venezolano entregó este lunes un documento a la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de las Naciones Unidas, en La Haya, donde explica su “verdad sólida” y su “posición oficial” en cuanto a las “bases históricas y actuales de su derecho soberano” sobre los 159.999 kilómetros cuadrados del Esequibo, dijo su cancillería.
El comunicado del canciller venezolano Yván Gil remarcó que la entrega de ese documento “no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento” a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana.
Especialistas en relaciones internacionales opinan distinto, sin embargo.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), resaltó que el documento consignado en La Haya fue subtitulado oficialmente como una “contramemoria” y se entregó en el plazo fijado por ese tribunal, a diferencia del “memorándum”, introducido fuera de lapso en la fase anterior sobre la jurisdicción.
“El poder ejecutivo, en nombre de Venezuela, ha entregado como dijimos un documento que ha llamado ‘contramemoria’ dentro del plazo fijado por la Corte para hacerlo, lo cual constituye una representación oficial”, comentó Ramírez a la Voz de América.
La postura ratificada por el gobierno venezolano, de desconocer la jurisdicción de la CIJ y un eventual fallo sobre el diferendo territorial, permite anticipar que Venezuela optará por la “no comparecencia” en la siguiente fase, la de méritos o fondo del caso, opinó.
“La CIJ no sólo mantendrá su criterio de que la cuestión sobre su jurisdicción es ‘cosa juzgada’ (res judicata) (…) sino que ahora la entrega de un documento llamado ‘contramemoria’ en el plazo fijado será tomada por la Corte como un nuevo acto del Poder Ejecutivo que le permite deducir un consentimiento tácito de Venezuela a su jurisdicción”, alertó Ramírez.
Ramírez hizo votos para que ese documento no contenga “debilidades” ni “omisiones importantes”, y esté acompañado de “documentos fehacientes”, lo que dijo no haber observado en las fases previas al proceso en la Corte.
Venezuela insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento válido para dirimir la controversia territorial, pero Guyana acudió ante la CIJ en 2018 para que esta determinara la validez del Laudo Arbitral de París 1899.
El gobierno de Maduro celebró en diciembre un referendo donde un 95 % de los votantes rechazó la jurisdicción de la Corte de La Haya en el conflicto y apoyaron la creación de un nuevo estado en ese territorio. El parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó la semana pasada una ley que incorpora los resultados del referendo consultivo sobre el Esequibo.
El reconocimiento implícito
El consentimiento tácito de la jurisdicción de la CIJ se fundamenta en el principio llamado “forum prorogatum”, que ya se aplicó en una postura similar de Albania con respecto al caso del Canal de Corfú, en 1948, explicó Ramírez.
Ese principio legal es conocido como la aceptación implícita de la competencia de la Corte Internacional de Justicia mediante la realización de “actos procesales de participación” en el procedimiento, de los que se deduce “el consentimiento”.
Lauren Caballero, también especialista en relaciones internacionales, estimó que “no tiene mayor sentido” que el gobierno venezolano mantenga su “posición propagandística” sobre el caso, asegurando que desconoce la jurisdicción de la Corte, cuando lo hace de hecho, como este lunes, a su juicio.
“El gobierno, por la vía de los hechos, ha reconocido la jurisdicción de la Corte”, valoró, insistiendo como Ramírez en el principio del “forum prorogatum”. Para él, los jueces de La Haya ya no tendrán dudas de esa aceptación tácita a raíz de la entrega de la “contramemoria”, este lunes.
“Más allá del discurso político, hay un hecho jurídico que está allí. La existencia de un litigio en un tribunal que se desconoce no tiene sentido”, indicó Caballero en conversación con la VOA.
Ramírez, por su parte, consideró “preocupantes” otros aspectos del comunicado del canciller venezolano, entre los que mencionó “un intento de deslegitimación” de la Corte y “la afirmación a priori” de que desacatará la decisión sobre la controversia con Guyana.
“Sentará seguramente muy mal en los jueces en La Haya y seguirá indisponiéndolos contra nuestra justa reclamación”, mencionó el experto.
El presidente de la COVRI subrayó que el gobierno venezolano ha intentado “sin éxito” que Guyana desista de su demanda ante la CIJ mediante “presión diplomática” y “actos de disuasión militar y de política interna”.
“Esto ha sido contraproducente, porque ha ayudado a Guyana a victimizarse a nivel internacional, a recabar respaldos diplomáticos y ha fortalecido su determinación de resolver la controversia a través de la Corte”, diagnosticó.