El Gobierno español inició este martes los trámites para eliminar la ley de 2013 que permite dar un visado o una autorización de residencia a extranjeros no residentes en la UE que adquieran una vivienda en España por un precio a partir de 500.000 euros con el fin de evitar el alza de los precios inmobiliarios.
Desde que se aprobó esa ley se han concedido 14.576 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias, de los que se han beneficiado sobre todo, según el Gobierno español, los ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México.
Coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, se han incrementado exponencialmente los llamado visados dorados (golden visa), lo que ha obligado a dar respuesta, dijo la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó iniciar los trámites para modificar la ley.
El repunte en los últimos años tuvo que ver, también, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2020, explicó Rodríguez.
Según los datos del Gobierno español, fueron concedidos 461 visados por inversiones inmobiliarias en 2016; 947 en 2017; 998 en 2018; 861 en 2019; 632 en 2020 y 997 en 2021. Unas cifras que aumentaron considerablemente a 2.017 y 3.273 en 2022 y 2023, respectivamente .
La ministra agregó que este tipo de visados también están siendo observados desde las instituciones europeas, sobre todo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, y que son varios los países del entorno de España que han adoptado medidas para endurecer o revisar estos permisos a cambio de inversiones inmobiliarias.
Durante su intervención, la titular de Vivienda indicó que las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia concentran el 90 % de todas las “golden visas” concedidas.
Asimismo, subrayó que la compra de vivienda por parte de extranjeros en general aumentó considerable, y que en localidades del litoral mediterráneo como Marbella, Barcelona o en algunos municipios de las Islas Baleares las operaciones ligadas a estos ‘visados dorados’ suponen entre el 7,1 % y el 10 %, del total.
La ley permite obtener el visado por compra de inmuebles o inversión en activos financieros o proyecto empresariales, pero de hecho, alrededor del 94 % de estos visados están vinculadas a inversiones inmobiliarias.
Con este primer paso para modificar la ley de 2013 y eliminar este tipo de visados, el Gobierno busca una respuesta excepcional ante el problema de vivienda que se está sufriendo en algunos lugares y dar oportunidades a los que hoy tienen graves dificultades para encontrar vivienda por falta de oferta y tensión de precios.
Organizaciones como Transparencia Internacional sostienen que las ‘golden visa’ conllevan riesgos como su utilización para blanquear capitales, evadir impuestos y alterar identidades, si no se toman medidas como una investigación de antecedentes pormenorizada y de verificación del origen de los fondos.
En el caso de España un informe de esa organización anticorrupción sostiene que la ley aprobada en 2013 por el Gobierno presidido por el conservador Mariano Rajoy presenta vulnerabilidades tanto en el diseño, la regulación y la implementación, así como en el control, seguimiento y aplicación de medidas correctivas.
La existencia en España de un silencio administrativo positivo -la no respuesta puede equivaler a un sí- es “absolutamente peligroso” para la concesión de estos permisos que no existe en ningún otro país, señala Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional España sostiene además que estos visados a cambio de compra de inmuebles se han convertido en un negocio y critica en su informe la falta de transparencia y de información respecto a la concesión de las “visas doradas”.
EFE