Además de migrantes de bajos ingresos, la frontera de México con Estados Unidos recibe a cada vez más profesionales de Suramérica que buscan cruzar a toda costa ante la situación económica y de violencia de sus países, como muestran testimonios recogidos por EFE.
Un ejemplo de ello, en Ciudad Juárez, es la empresaria colombiana Yésica Bordae, quien cerró su compañía ante un cambio de regulación y, cuando aún tenía recursos económicos, intentó conseguir una visa para ir a Estados Unidos, pero se la negaron, por lo que emprendió la ruta migratoria irregular.
“Yo pedí mi visa y me la negaron. ¿Por qué razón? No sé, porque tenía toda la documentación al día, documentos bancarios de empresa, en esos tiempos tenía la posibilidad de pagar una visa y me la negaron porque quisieron, no me dieron la razón”, dijo la mujer, quien tras estar tres años en España llegó a Juárez con su hija.
En la frontera de Juárez con El Paso atravesó el alambre de púas que colocó el año pasado el gobernador de Texas, Gregg Abott, y llegó hasta el muro, pero la Guardia Nacional texana la devolvió por el mismo hueco por donde entró.
“Me sacaron literalmente a la fuerza. Me sacaron con la niña, no les importó que la niña tuviera hambre, que la niña estuviera enferma del calor, porque la niña vomitó. Me sacaron por el mismo lado donde me metí”, relató la mujer.
Entre mayor migración y más restricciones
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó este viernes el récord de migración irregular en México en 2023, con más de 782.000 indocumentados detectados, aunque observó una bajada del flujo en la frontera con Estados Unidos en enero de este año.
Ante estas cifras, los controles migratorios han subido en la frontera de México con Texas, donde el gobernador ha elevado la barricada, ha desplegado a la Guardia Nacional y se niega a retirar el alambre de púas pese a un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos.
“La Guardia de Texas nos sacó, ya estaba allá en el muro. Entre tres armados me sacaron, ellos fueron los que me sacaron de ahí”, narró Bordae.
La empresaria también busca evitar la detención de los agentes del Instituto Mexicano de Migración (INM).
“Me vine para acá por un mejor futuro para mi hija pero la verdad no pensé que fuera tan pesado. No sabía que estaba militarizado por eso tomé la decisión de venirme. Me lastimé con el alambre de puás, estoy toda lastimada por todos lados”, indicó.
La mujer aseguró que migró porque las políticas del Gobierno de Colombia afectan a las compañías.
“Yo tenía una empresa de seguridad social, pero el presidente (Gustavo Petro) acabó con eso, ahorita no permite que terceros paguen la seguridad social de las personas sino que tiene que ser de una empresa directamente, acabó con todo, ha acabado con muchas cosas”, sostuvo.
Expulsados por la violencia
Alonso Ramírez Torres es un odontólogo que llegó a Juárez procedente de Lima, Perú, de donde huyó de la extorsión.
Su esposa y uno de sus hijos entraron, pero el segundo de sus hijos se quedó atascado y la familia ahora está dividida por la frontera.
“Yo soy odontólogo y tuve problemas de extorsión en mi país. Lamentablemente las autoridades de mi país no hacen nada más que recibir tu denuncia y te dejan a la suerte”, indicó el dentista.
Dijo que sufrió amenazas de criminales que llegaron a su casa, dispararon contra su auto, robaron cosas y la única opción que tuvo fue vender lo que tenía y salir del país con toda su familia.
“En todo el viaje nos ha ido de lo peor, nos han robado. Acá en México, yo puedo decir que no hay autoridad que defienda los derechos de las personas que nos apoyen”, relató.
“Es la misma policía que nos entrega a los cárteles, es la misma (gente del Instituto Nacional de) Migración que nos entrega y sufrimos”, agregó mientras caminaba a un lado del río Bravo. EFE