Para unos, fue coincidencia, para otros, algo intencional. Justo el 9 de abril, cuando en Colombia se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, y antes de que se vencieran los términos, la Fiscalía dio a conocer su decisión de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Esta es la primera decisión de alto impacto en la era de la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro. Si bien ella no ha querido referirse personalmente a este caso, los más suspicaces incluso han llegado a sugerir que la acusación contra el expresidente habría formado parte de sus compromisos con algunos magistrados de la Corte, a cambio de ser elegida. En todo caso, la oposición está en alerta ante el temor de que en el país haya iniciado una persecución política y judicial contra los opositores al Gobierno Petro.
Por Semana
Mientras los enemigos políticos de Uribe celebraron, en otros sectores se dispararon las alarmas ante la posibilidad de estar frente a la materialización de un plan de persecución contra el expresidente más popular hoy en el país. El mismo que acorraló a las Farc, cuyos comandantes, en una paradoja de la historia, están hoy en el Congreso, libres, protegidos por el mismo Estado, sin condena alguna y sin haber reparado a sus víctimas, tras ocho años de la firma del acuerdo de La Habana, en el Gobierno Santos. La consigna de los exjefes de las Farc ha sido ver a Uribe respondiendo en los estrados y condenado. El expresidente, para ellos, es un trofeo de guerra. El país ha sido testigo de que este caso ha sido impulsado por el senador Iván Cepeda, quien se ha declarado víctima.
Lo que Colombia y la comunidad internacional presenciarán de aquí en adelante, y de nuevo, estará ligado a las elecciones presidenciales de 2026, ya que para las de 2018 a Uribe lo llamaron a interrogatorio, justo cuando Iván Duque, su candidato, iba punteando en las encuestas. Ya con el caso en la Fiscalía, en 2022, Uribe prácticamente tuvo que marginarse de apoyar a un candidato presidencial. La discusión en ese momento era si Uribe sería imputado o no. En 2025, cuando inicie en firme la campaña presidencial y al Congreso, Uribe estará sentado en un juicio. Lo más seguro es que, en ese momento, no habrá una decisión definitiva en contra o a favor del expresidente. Los tiempos son cortos. Pero, sin lugar a dudas, sus contradictores políticos tratarán de utilizar su situación jurídica en la plaza pública para obtener réditos. Sin embargo, abogados de todas las vertientes aseguran que el caso prescribirá en octubre del próximo año. Si es así, en 2026, cuando los colombianos vayan a las urnas a elegir al sucesor de Petro, probablemente Uribe podría estar más fuerte que nunca después de haberse sometido a la justicia y podría influir a tal punto que algunos dicen que los colombianos elegirían de nuevo “al que diga Uribe”.
Pero sus enemigos no se van a quedar quietos y, desde ya, tienen planes con los cuales tratarían de mantener enredado jurídicamente a Uribe, garantizando que quede por fuera del juego electoral, en el que ha sido el mayor elector en la historia reciente (gobernó por ocho años y fue decisivo en los triunfos de Santos y Duque).
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