El gobierno de izquierda de España puso presión este martes sobre la Iglesia católica para que indemnice a las víctimas de abusos sexuales en su seno.
“Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han accionado otros países de nuestro entorno, países europeos como Irlanda, como Francia, como Bélgica, como otros países de fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos”, declaró el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa.
“Desde el gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia católica para que (…) sufrague el costo de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales”, prosiguió.
Bolaños presentó un plan aprobado por el Consejo de Ministros este martes para aplicar las recomendaciones de un informe sobre la pederastia en la Iglesia presentado en octubre por una comisión de expertos independientes coordinada por el Defensor del Pueblo.
Este informe propuso la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas, una idea respaldada por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, reelegido en el cargo en noviembre pasado.
“Nos gustaría trabajar juntos con la Iglesia católica”, que “durante décadas no dio una respuesta adecuada a este problema”, insistió Bolaños.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) mantiene la postura de negarse a participar en un fondo de reparación si este se destina exclusivamente a las víctimas de la Iglesia católica y no a todos los menores que hayan sufrido abusos sexuales en cualquier sector del país.
“La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, reiteró la CEE este martes en un comunicado.
Los obispos aprobaron en marzo su propio “plan de reparación integral”, pero sin dar detalles de cómo se aplicará o cuándo.
Las asociaciones de víctimas continúan denunciando la opacidad persistente de la Iglesia y la falta de avances hacia las indemnizaciones.
El informe coordinado por el Defensor del Pueblo estimó, basándose en una encuesta, que, desde 1940, más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
La Iglesia, que afirmó que esas cifras “no corresponden a la verdad”, encargó una auditoría a un despacho de abogados, que, entregado en diciembre, contabilizó al menos 2.056 víctimas.
La CEE, crítica por igual de esa auditoría que a su juicio posee “errores de concepto” y duplicadas cifras, emitió su propio informe, que da cuenta de 1.057 “casos registrados” en sus distintas diócesis, pero con solo 358 “probados” o “verosímiles”.
AFP