En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que en 2015 Fospuca obtuvo la concesión, hay un historial de complacencia del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aún si implica transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por otra década.
Por Marcos David Valverde / ArmandoInfo
La historia de Fospuca, la recolectora de basura presente en Caracas desde hace más de 30 años, dejó de ser solo la de un emprendimiento privado que prestaba un servicio a las municipalidades de la capital para, desde que en 2014 el abogado y empresario José Simón Elarba Haddad la compró, pasar al terreno de la influencia política. La relación, a ratos siamesa, a ratos de patrocinio, entre Fospuca y la alcaldía de Baruta, por ejemplo, ilustra muy bien esa transformación. Con un matiz: también a ratos no queda claro quién patrocina a quién.
Como se demostrará en esta historia, Elarba, a través de su Fospuca, entabló con la Alcaldía de Baruta -un distrito de clase media, tradicionalmente opositor, en el sureste de Caracas- una relación a través de la cual ha sido capaz de definir a su gusto tarifas, mecanismos de cobro y hasta sanciones. Un caso muy poco frecuente en que el proveedor dicta condiciones al contratante.
Hasta el año en que Fospuca firmó su primer contrato con la Alcaldía de Baruta, en 2015, los montos a pagar por el servicio de aseo urbano en ese y otros municipios caraqueños se determinaban sobre la base de un cálculo tradicional, simple: se contaban las toneladas de basura en un municipio y se dividían entre la cantidad de habitantes. Pero con la llegada de la nueva Fospuca, de forma literal, este método se convirtió en basura. Tras desecharlo, el Concejo Municipal y la propia Alcaldía de Baruta decidieron usar, desde ese primer año de la concesión, una tarifa proporcional a la superficie de sus tiendas, fueran cuales fueran sus volúmenes de desperdicios, y unas tarifas preestablecidas para el sector residencial.
En Baruta, por ejemplo, si un local tiene 50 metros cuadrados y produce una tonelada de basura por mes, el dueño pagará mucho menos que otro con un espacio de 200 metros cuadrados en el que se produzcan 100 kilos de basura en el mismo periodo. Esta lógica contraintuitiva pudiera leerse como un estímulo para la eficiencia en la producción y manejo de los desechos, pero en realidad pecha la superficie de los locales comerciales.
Ese fue solo el comienzo de una racha de decisiones favorables a la empresa. Además de permitir incrementos arbitrarios para el cobro del servicio, en 2019, el ayuntamiento baruteño programó su sistema de cobros de impuestos municipales para bloquear los pagos de aquellos negocios que se mantuvieran insolventes con Fospuca.
Con ello, la complacencia de la Alcaldía de Baruta con Fospuca pasó a otro nivel: ya no solo se trata de favorecer al contratista sino, además, de hacerlo aunque resulte en detrimento de los propios ingresos municipales.
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