El periodista peruano Iván Brehaut tenía ocho años cuando de la mano de su padre llegó por primera vez a la Amazonía, donde encontró a los héroes de su infancia entre los misioneros que llegaban con las camisas sucias, pero con un brillo de felicidad del que viene de una aventura.
Por Rosa Tania Valdés / vozdeamerica.com
A los 21 años, siendo estudiante de las Ciencias Forestales, Brehaut regresó al “pulmón verde” del planeta pero su experiencia de entonces contrastó con los recuerdos de la infancia, debido a la presencia en la zona del grupo insurgente Sendero Luminoso. Años más tarde volvió pero como periodista y la situación fue aún peor por la permanencia de organizaciones criminales en el territorio compartido por Colombia, Perú y Brasil.
En cinco años viviendo en una zona de la Amazonía -cuenta- ha debido cambiar cuatro veces de casa por su seguridad.
“Ocurren muchas cosas que están muy poco reportadas en general. Hay una confluencia de organizaciones criminales. Son espacios donde la presencia estatal de los tres países es bastante débil y donde no solamente es evidente el crecimiento de economías ilícitas basadas principalmente en el narcotráfico, sino también la explotación de recursos de manera ilegal”, dijo a la Voz de América Brehaut.
Antes de informar sobre el impacto del tráfico de drogas, la minería ilegal, la pesca, la tala y sobre las violaciones de derechos humanos causadas por esas actividades ilegales, Brehaut estudió y trabajó en el campo de las Ciencias Forestales. Llegó al periodismo en el 2006 y desde el 2020 colabora con el medio peruano La Mula. En el 2022 obtuvo por su trabajo una beca de Rainforest Journalism Found, del Pulitzer Center.
“Ya tengo 30 años viajando de aquí para allá en la Amazonía y me encanta lo que hago”, dice este hombre, que pasó de investigar la flora a visibilizar desde el oficio de reportero los males que están impactando a esta zona vital para el planeta.
La Amazonía, que abarca la cuenca del río Amazonas y una extensa selva tropical, la más grande del mundo, es famosa por su inigualable biodiversidad y numerosas especies aún no descritas. Esta zona es esencial para la regulación climática global, actuando como un “pulmón” al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono.
Los bosques de la Amazonía representan dos tercios de todos los bosques tropicales del planeta y el 56 % de las selvas tropicales del mundo. En esta región viven 34 millones de personas, 9 % de las cuales son comunidades nativas, 420 pueblos indígenas distintos que hablan 86 lenguas y 650 dialectos, 60 pueblos en condición de aislamiento, de acuerdo con datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Brehaut, que también colabora con el Servicio de Información Indígena y ha sido parte de investigaciones periodísticas y trabajado en reportes de organizaciones locales, dijo a la VOA que “estos delitos casi siempre están vinculados a la vulneración de derechos de las personas: trabajo forzoso, trata de personas, asesinatos”.
“Hay violencia organizada y son terrenos en disputa de organizaciones que vienen de Brasil, vienen de Colombia, hay algunos grupos peruanos y los esfuerzos internacionales son insuficientes para abordar una problemática tan compleja”, afirmó.
Amazonía colombiana: vulneración de derechos
El testimonio de Brehaut coincide con el de otros dos periodistas colombianos que investigan delitos medioambientales en Colombia, pero que pidieron no ser identificados porque están amenazados por actores ilegales que buscan acallar sus voces.
En Colombia el panorama “es igual”, dijeron ambos en una entrevista reciente concedida a la VOA.
“Son menores los que están en estos campos y lo que tienen que hacer estos niños es trabajar y obligadamente los someten a que sean víctimas de violaciones, víctimas de trata de personas por medio de un delito ambiental como es la tala de árboles”, dijo la reportera colombiana a la VOA. “Se ha comprobado que existen espacios o bares donde van personas que están trabajando en esos lugares y toman servicios sexuales con niños”.
Todo esto -argumenta- ocurre porque en los casos de delitos medioambientales “no existe un ente regulatorio, ni seguridad para los periodistas o medios de comunicación que quieren investigar”.
“Significa arriesgar nuestra vida para contar una historia que debe ser vista (…) Vemos tantas cosas, tantos delitos, tanta inseguridad, tanta violencia, tanta falta de humanidad en los delitos medioambientales con las personas”, dijo, al tiempo que explicó que no cuentan con protección la mayoría de las veces.
A su juicio, el periodismo de soluciones, como se conoce al reporterismo riguroso basado en la evidencia para responder a problemas sociales, es una herramienta clave para cubrir la Amazonía. La reportera citó el caso de una red comunitaria que permitió “sacar de las garras” de los criminales a entre 13 y 14 niños en los últimos meses.
Otro reportero colombiano que trabaja para un medio dedicado al medioambiente y permanece fuera de su país para proteger su vida, reiteró que en Colombia uno de los problemas es “la falta de la presencia del Estado en diferentes regiones”.
En Colombia -dijo- hay tres frentes donde no hay presencia estatal: la minería ilegal y la tala de árboles para sembrar cultivos de coca con fines de narcotráfico.
Fauna silvestre en peligro
El periodista colombiano explicó además que la presencia en la Amazonía de las bandas criminales está “generando tráfico de fauna silvestre, donde el jaguar y otros animales importantes de la región están perdiendo su hábitat para venderlos”.
Expuso también que más acciones depredadoras tienen lugar en el mar Pacífico, donde los tiburones son mutilados. “Hay un mercado negro dentro de este mercado ‘de la pesca’, donde les están quitando las aletas a los tiburones y las están camuflando en productos de pesca tradicional”.
“Nadie hace regulaciones, salen directamente a Asia y nadie hace nada, estamos dañando un ecosistema, donde se puede presentar que las especies carnívoras devoren a las demás por la falta de la cadena alimenticia y se rompe el equilibrio medioambiental de esta región”, advirtió el periodista colombiano.
VOA: ¿Tienes pruebas de eso?
Periodista colombiano: Sí, hay unos estudios, hemos investigado (…) Tenemos toda la información de estos delitos.
También -afirmó- resulta que estas aletas de tiburón se las pagan a los pesqueros a 25.000 pesos colombianos (equivalentes a 6,38 dólares) las pequeñas y a 50.000 pesos colombianos (unos 12, 77 dólares) las grandes.
VOA: ¿Qué hacen con ellas?
Periodista colombiano: Las secan con el sol o con químicos y lo que hacen es que tienen empresas legales donde venden el resto del tiburón y el resto de los pescados y lo camuflan dentro de esa legalidad. Como no hay un ente regulador que vaya, que revise, que se dé cuenta pues obviamente pasa y las venden por casi 600 dólares en el mercado exterior para hacer caldos.
“¿En serio estamos acabando con nuestro ecosistema para hacer un caldo? Parece un chiste”, admitió.
Tala ilegal de árboles: ¿Qué implica y cómo se desarrolla?
Consultado sobre esta problemática, Brehaut dijo que la tala ilegal sigue siendo uno de los problemas más importantes de la Amazonía.
“La tasa de deforestación en Perú ha seguido aumentando. Durante la pandemia se disparó, llegamos a más de 200.000 hectáreas de bosques talados, todos de manera ilegal”.
En ese trasfondo está, por ejemplo, que la cadena de delitos empieza “por el tráfico de tierras estatales que son adjudicados de manera ilegal, irregular, a grupos, organizaciones, empresas o pequeños agricultores”.
A eso sigue -explica Brahaut apoyado en sus investigaciones- la tala del bosque y la venta de madera preciosa, previamente extraída a bajos precios porque básicamente lo que requieren es la tierra para la agricultura.
Brahaut identifica a dos tipos de productores en este entramado: los que realmente creen que van a poder prosperar con cacao, con maíz o cualquier otra cosa, y los que en cambio saben de entrada que la tala de árboles “es para sembrar coca”.
“Los dos tipos de agricultores al final terminan en un ciclo de pobreza eterna, se agota la capacidad del suelo para poder mantener cualquier tipo de cultivo y si no tienes, si no estás vinculado a una producción importante, sea coca, puede ser palma aceitera o una de esas cosas, si no tienes soporte del Estado para una actividad legal, tu único camino, tu única opción es volver a migrar, volver a deforestar, volver al ciclo eterno de migración”, explica Breahut.
De acuerdo con las investigaciones de Brehaut y oenegés locales, la cantidad de caminos forestales ilegales vinculados a empresas registradas, conocidas e incluso con permisos de exportación supera, y hasta duplica la cantidad de caminos formales, autorizados por el Estado.
Las amenazas contra el periodismo medioambiental
Los tres periodistas consultados para esta historia coinciden en que existe “una amenaza real” contra el periodismo que levanta su voz para enfrentar los delitos medioambientales y los males sociales y abusos de derechos humanos asociados.
“Desde hace años hay un ataque sistemático al gremio periodístico. Algunos de lo periodistas más serios, más respetados, Gustavo Gorriti, está enfrentando investigación fiscal donde le están pidiendo revelar todas sus fuentes, le están levantando el secreto de las comunicaciones, le están levantando el secreto bancario y eso es penoso. [Son] periodistas peruanos más prestigiados o más reconocidos a nivel internacional. Es un periodista que ha tenido una línea sumamente dura, inflexible de lucha contra la corrupción, de lucha contra los delitos de las grandes élites de país”, afirmó Brahaut.
Además, mencionó cómo medios dedicados a transmitir noticias falsas apuntan contra reporteros y “difaman sin ningún problema a activistas ambientales, a líderes indígenas, a cualquiera que se oponga a las prácticas fraudulentas, a las prácticas contaminantes, a los abusos que se cometen desde el poder, desde las empresas estás”.
En el año 2021, mientras trabajaba para una oenegé que daba seguimiento a víctimas civiles, uno de los dos periodistas colombianos entrevistados para esta historia fue amenazado para que su medio dejara de publicar noticias sobre la corrupción de actores al margen de la ley. “Los grupos desmovilizados estaban detrás de esos recursos y no querían que la gente supiera que había recursos para la gente”, explicó.
En Colombia -dijeron los dos periodistas de la nación suramericana- “una denuncia es una sentencia de que algo te va a pasar. A los periodistas, desde la misma academia, no nos preparan para eso porque nos enseñan a hacer oídos sordos y no escuchar”.
Una “pelea” por los hijos
Gestionar el compromiso profesional y social versus el riesgo de perder la vida que implica hacer periodismo en estas condiciones es, tal vez, el mayor reto para estos comunicadores.
“Es un conflicto constante porque uno sabe lo qué está pasando y uno necesita encontrar las pruebas y tienes la disyuntiva. Por un lado, hay un grupo de comunidades, una región, un grupo de gente cuya vida, cuya seguridad, cuyo futuro está en juego por una amenaza de una actividad ilegal, como el narcotráfico, digamos. Y por otro lado soy yo, el que indago, publico, denuncio y a veces en mi razonamiento más básico está el bien mayor, y el bien mayor es la gente”, dijo Brehaut.
En estos años pasando la mayor parte en la Amazonía, procura mantener bajo perfil, evitando llevar sus fotografías a las redes sociales. Así y todo es “un firme convencido de que alguien tiene que hacerlo”.
Explica que su trabajo busca acompañar a locales que “están viviendo en medio del infierno”, tratando de que sus hijos se eduquen fuera de la ilegalidad y protegiéndolos de los abusos asociados.
“No puede ser que yo rehúya el compromiso social que hay en el periodismo…no me sentiría digno de poder llamarme periodista y creo que, ya llevándolo al plano mucho más personal, yo no podría decirles a mis hijos: ‘peleen por lo que creen, luchen por sus ideales, sean firmes y dignos’, si yo mismo no lo hago”.
“Peleo por ellos”, concluyó Brehaut.