La libertad de prensa en Venezuela está bajo ataque y sufre las consecuencias de una política pública dedicada a silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos. El miedo, las dificultades para el acceso a la información, el uso de la ley para castigar expresiones disidentes y la autocensura, son factores que debilitan el ya reducido ecosistema de medios.
Durante los cuatro primeros meses de 2024, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 51 casos que resultan violatorios del derecho a la libertad de expresión y de información. Estos hechos han afectado a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación. Ocurrieron en 18 estados del país, con una afectación mayor en el Distrito Capital.
Entre enero y abril se documentó el cierre arbitrario de al menos 11 estaciones de radio en 6 estados del país: Zulia (3), Bolívar (2), Lara (2), Portuguesa (2), Carabobo (1) y Trujillo (1).
Ya, entre los años 2022 y 2023, habían sido clausuradas otras 104 emisoras.
Los 11 cierres ocurridos entre enero y abril de 2024 repiten el mismo patrón de omisión o falta de respuesta por parte de Conatel. Las solicitudes de renovación de concesión hechas por los operadores no están siendo atendidas, afectando a más del 80% de las radios en el país que funcionan con los permisos vencidos.
Otro elemento que incide de manera negativa sobre el ejercicio de la libertad de prensa es el permanente amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, en razón de sus publicaciones y línea editorial. El SNTP documentó 17 hechos de esta naturaleza, entre 4 y 5 por mes, de enero a abril. En algunos casos, estas amenazas incluyeron la coacción para obligar a reporteros a borrar material de sus equipos y la interceptación de comunicaciones privadas.
El amedrentamiento, así como otras acciones de persecución contra la prensa, tienden a generar un efecto de inhibición entre los periodistas quienes, de acuerdo con entrevistas y focus group, optan por la autocensura.
El uso de la ley para amordazar
Cada vez son más comunes los casos de judicialización contra periodistas y trabajadores de la prensa. Es un tipo de persecución ejercida a través del sistema de justicia y la acción cómplice de jueces y fiscales.
Solo entre enero y abril de 2024, el SNTP documentó seis casos de periodistas sometidos a la persecución judicial. Dos de ellos fueron detenidos.
Carlos Julio Rojas permanece encarcelado, enfrentando un juicio sin respeto al debido proceso. Otros casos han afectado a: Oscar Alejandro Pérez, Dimas Medina, Sebastiana Barráez, Claudia Macero y Orlando Avendaño.
En cinco de los casos, el Fiscal General de la República ha expuesto públicamente a estos periodistas y sentenciado su supuesta responsabilidad sin que exista una investigación ni el ejercicio del derecho a la defensa. Casi siempre aludiendo delitos de odio, traición a la patria y terrorismo.
Otros hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, también documentados por el SNTP durante el primer cuatrimestre de 2024, son bloqueos de medios en Internet (3), bloqueos de medios en redes sociales (2), Detenciones (1), limitaciones para el acceso a la información (4), cierre de programas en medios de comunicación (2), vandalización de instalaciones de medios (3) y la salida de las cableras del canal internacional Deutsche Welle.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el SNTP exige políticas públicas que promuevan la libre circulación de ideas y procuren la pluralidad en los medios de comunicación. Demanda, además, mayor acceso a la información y la protección de los periodistas y trabajadores de la prensa.
Comunicado de prensa