Se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela, convocadas para el día 28 de julio. Son menos de dos meses los que median para dichos comicios, en los cuales se define el futuro del país para el próximo sexenio, con una clara incidencia sobre el destino nacional hacia las próximas décadas. Los pronósticos son desfavorables al gobierno, aferrado al poder sin miramientos.
En 25 años de régimen chavista se ha producido un profundo retroceso en todos los ámbitos de la vida nacional: en lo institucional, político, macroeconómico, en la afectación del tejido productivo, en lo social y en el clima hacia la inversión. Como consecuencia, en esta oportunidad se evidencian tendencias favorables a un cambio, reflejadas en todas las encuestas de opinión recientes.
Han sido manifiestas las barreras impuestas por el oficialismo a la celebración de elecciones limpias, ignorando los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados, el cual terminó convertido en un saludo a la bandera. La decisión del gobierno de mantener la inhabilitación de María Corina Machado, y en forma arbitraria de la segunda opción, Corina Yoris, se suman a las trabas del CNE para facilitar la inscripción de nuevos votantes, o los cambios de residencia de millones de venezolanos a nivel nacional e internacional. Así, el Registro Electoral Permanente quedó truncado en millones de votantes fundamentales. En el exterior, el número de inscritos fue exiguo, pues los Consulados existentes operaron pocos días, con deliberada lentitud y largas colas.
Al final, en la Plataforma Unitaria surgió la opción de que la tarjeta de la MUD tuviese un “candidato tapa”, Edmundo González Urrutia, convertido luego por decisión unánime en el candidato de la unidad, e inscrito y aceptado por el CNE, junto a algunos candidatos marginales del llamado “alacranato”, es decir de fuerzas políticas interesadas en afectar la unidad y hacer juego a las estrategias divisorias del gobierno. A partir de allí, González Urrutia, un Embajador de carrera, preparado y de impecable trayectoria, asumió el reto de la candidatura, reconociendo el liderazgo de María Corina Machado y trabajando de la mano con ella, en un mensaje comprometido con una transición incluyente, en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de parte de la diáspora, la recuperación de la independencia de los poderes públicos, y la generación de un clima favorable a la inversión, en una Venezuela confiable como socio, y firmemente democrática.
En el multitudinario acto realizado en su ciudad natal, La Victoria, Estado Aragua, González dirigió un mensaje a tres sectores claves para la vida nacional. A la comunidad internacional le solicitó acompañar el proceso, pues es esencial para el mundo frenar la diáspora de cerca de 9 millones de venezolanos que hacen vida en 90 países del globo. Al chavismo ofreció un gobierno inclusivo, con garantías de alternancia en paz, y garantías de que podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. Y un claro mensaje a las Fuerzas Armadas para que asuman el respeto a la Constitución y sean garantes de la voluntad popular, como lo consagra el artículo 328 de la Constitución.
María Corina Machado, bloqueada para inscribir su candidatura pese al abrumador resultado de las elecciones primarias en octubre de 2023, ha continuado recorriendo el país con un arrastre popular que supera los logros de los mejores líderes políticos del pasado. Así, estados de tradición chavista como Portuguesa, Trujillo, Guárico, al igual que Zulia, Bolívar y Lara, entre otros, han acompañado con fervor a MCM, pese a no ser ya la candidata, configurando el mayor fenómeno político de tiempos contemporáneos. Por ello, el régimen le teme y la bloquea, hasta el punto de prohibir a las líneas aéreas que le vendan boletos, o cerrando hoteles o restaurantes que la acojan, además de apresar a sus asesores de campaña, o negar el salvoconducto a seis de sus allegados que se vieron obligados a asilarse en la Embajada de Argentina en Caracas. MCM pide ahora a sus seguidores a organizarse para promover y cuidar el voto, a través de una red de miles de “comanditos”, y respalda con entusiasmo el voto por Edmundo González, única opción en el escenario político actual, y quizás la última oportunidad para ganar y cobrar, camino al rescate de la libertad y la democracia, y al inicio del arduo proceso de reconstrucción de la nación, virtualmente desde las cenizas.
Será un difícil y costoso esfuerzo, cuyo primer paso es sin duda, ganar las elecciones. La magnitud del reto comienza con el rescate de la independencia de los poderes públicos y su despolitización; con la refundación de las Fuerzas Armadas conforme a los postulados de la Constitución de 1999 que el mismo chavismo escribió, en la cual se les define como una institución al servicio de la nación y no de persona o parcialidad política alguna; la reactivación de la industria petrolera ya sin sanciones, con una amplia participación de capital privado; la privatización de empresas en manos del Estado, con prioridad en sus antiguos dueños; el restablecimiento de la plena libertad de prensa e información; la devolución de los partidos políticos intervenidos a sus legítimas bases; la reestructuración de la deuda externa, cercana a US$ 160.000 millones; el estímulo al retorno del talento humano que ha huido del país; la reorientación de las relaciones externas en función del interés nacional y no de ideologías foráneas; el combate a las agrupaciones del crimen organizado y de la minería ilegal depredadora en zonas protegidas, ecológicamente vulnerables.
Son estos apenas un asomo de los inmensos retos que aguardan a un gobierno de cambio, que como tales exigen estructurar un acuerdo nacional entre las fuerzas democráticas. Si en 1958-59 a la caída de Pérez Jiménez, que duró solo 10 años en el poder, fue necesaria la suscripción entre los tres principales partidos del llamado Pacto de Punto Fijo como sostén de la naciente democracia, ahora, con 25 años de totalitarismo, es vital lograr un entendimiento nacional en lo fundamental, como es el rescate del Estado de Derecho y del régimen de libertades. Hay que admitir que se requerirá de diálogos, y quizás de una justicia transicional aplicable a miembros o beneficiarios del régimen que dejaría el poder. No se trata de ofrecer impunidad a esbirros y torturadores, de lo cual se ocupa ya la Corte Penal Internacional, sino de la posibilidad de que algunos saqueadores del régimen o violadores de los derechos humanos pudieran recibir atenuantes si entregan parte de sus fortunas mal habidas, o que paguen penas menores si se someten a la institucionalidad jurídica.
El país respira aires de moderada esperanza. La preservación de la unidad, la motivación a los votantes, y la transmisión de un mensaje firme hacia el cambio, con garantías de que no se freirán cabezas como lo proclamaba Chávez en su campaña, son piezas clave de la estrategia. Así, el mensaje de la campaña opositora del reencuentro de las familias dispersas por el mundo, ha calado con alto efecto emocional. Por ahora, es crucial organizarse para contrarrestar el ventajismo y el fraude, y para cobrar el resultado, y que no se repita lo del 2013 con el triunfo de Capriles sobre Maduro, en que faltó determinación para defenderlo. Subsiste el peligro de que el régimen decida suspender las elecciones alegando algún pretexto de seguridad nacional, o que, en el largo lapso de seis meses entre la fecha de las elecciones y la posesión presidencial en enero de 2025, se menoscabe o burle la entrega del poder. En la medida en que el pueblo siga movilizado y resuelto a defender su derecho a elegir, será más difícil que esas posibles perversidades se materialicen.