Los familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, que acabó con la vida de 19 niños y dos profesoras hace dos años, demandaron este viernes a Meta, a la empresa de videojuegos Activision y a un fabricante de armas semiautomáticas por promoción de armas.
Los tres demandados en dos denuncias distintas contribuyeron, en su opinión, a la formación del adolescente que cometió la masacre y a que tuviera a su disposición el armamento con el que actuó.
La denuncia contra Meta y Activision fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, mientras que el caso contra el fabricante Daniel Defense fue interpuesto en la Corte de Distrito de Uvalde.
Activision es la empresa responsable del popular videojuego bélico ‘Call of Duty‘.
El abogado que presentó estas demandas, Josh Koskoff, también representó a las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook, en el estado de Connecticut, y ganó una demanda en 2022 contra el fabricante de armas Remington.
En esta nueva demanda, Koskoff argumenta que Daniel Defense utiliza la plataforma Instagram -perteneciente a Meta- y los videojuegos creados por Activision para condicionar a los jóvenes, como el atacante de Uvalde, a ver “las armas como una herramienta para solucionar sus problemas”.
Las tecnológicas, destacó el abogado en un comunicado, no solo permiten que las empresas de armas conecten con los consumidores, sino que “promueven y normalizan la violencia” a un público de “adolescentes en dificultades”.
Una portavoz de Activision expresó en un comunicado difundido por The New York Times, sus “simpatías” con los afectados, pero señaló que millones de personas de todo el mundo disfrutan de los videojuegos sin cometer “actor horrendos”.
La demanda recibida por esa empresa y las otras dos coincide con el segundo aniversario del tiroteo en el colegio Robb Elementary School, en el que Salvador Ramos, un joven de 18 años, abrió fuego con un rifle de asalto, mató a 21 personas e hirió a otras 17, la mayoría de origen latinoamericano.
Este miércoles, los familiares de las víctimas anunciaron un acuerdo por valor de dos millones de dólares con el Gobierno de la ciudad de Uvalde.
Un informe sobre el ataque presentado el pasado enero por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, apuntó que 376 agentes de al menos cinco agencias de la ley tardaron 77 minutos en detener al agresor, una situación que destapó el “fracaso” y la “falta de liderazgo, capacitación y políticas fallidas”.
El pacto cerrado esta semana también incluye una mejor capacitación para los policías de Uvalde, apoyo a los servicios de salud mental para las familias, los sobrevivientes y los miembros de la comunidad, y la creación de un comité para coordinar con las familias un monumento conmemorativo permanente. EFE