Ahora debemos, más que hablar, gritar, que los seres humanos nacen libres e iguales, sin discriminación de ningún tipo. Debemos reafirmar que la constitución deben respetarla todos los ciudadanos y, aún con más exigencia, los que gobiernan o ejercen algún cargo público. Por ejemplo, hay que decir, como si fuera una novedad, que las fuerzas armadas deben obediencia y subordinación al gobierno civil legítimamente constituído de conformidad con la celebración de unas elecciones libres y justas. Que los efectivos de la fuerza armada se deben al país y no a ninguna parcialidad porque constituyen un cuerpo profesional cuya labor esencial es la defensa de la nación y la integridad de las instituciones. En otras palabras, que es totalmente inaceptable que funcionarios militares o policiales impidan a los activistas políticos y sociales ejercer su derecho al libre tránsito, a la libre expresión, a promover candidatos y a celebrar asambleas de ciudadanos para exponer sus ideas y convicciones tal como ocurrió, coincidencialmente el dia de mi juramentación, en Tocuyito, en el municipio Libertador de Carabobo.
Aún más, tenemos el deber de educar a la ciudadanía y transformar nuestras instituciones para que se comprenda que el acceso al agua es un derecho humano, que la función de los alcaldes y el gobernador no es la persistente aparición y organización de eventos, festejos o conciertos, sino proveer servicios públicos porque estos no son un regalo o una dádiva, son requerimientos elementales para hacer posible una vida digna. De hecho, tenemos que realizar una profunda labor pedagógica para que las autoridades competentes entiendan los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, es decir, que si falta el agua, por poner un ejemplo tediosamente cotidiano, también ponemos en riesgo el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la vida.
Estos planteamientos no se defienden abrazándonos en público con el gobernador y los alcaldes, con sonrisas y carantoñas, ni menos revistiendo la genuflexión con un falso ropaje de civilidad y la institucionalidad. Los derechos humanos se defienden desde la firmeza y verticalidad que exigen las leyes, la constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la república en la materia. No pediremos favores, hablaremos de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, educar al ignorante, sanar al enfermo, que el trabajo honesto y digno tenga un salario justo, que solo puedan ascender al gobierno quienes gocen del apoyo popular y que el voto ciudadano pueda efectuarse en un ambiente de competencia igualitario para todos los actores. ¿Esos son sueños? No, son derechos.
¿Por dónde empezar? Pues bien, el primer paso debe ser hablar de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales y, obviamente, contrastar con la realidad que viven los ciudadanos. Constatar el tamaño de la brecha entre lo que dicen las leyes y el sufrimiento de las personas. ¿Decirlo puede incomodar a alguien? Pues si, incómoda a los privilegiados y a los poderosos, pero en el momento de decidir por quién y por qué luchamos, los socialdemócratas sabemos elegir siempre al pueblo.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica