Unas diez mil mujeres con derecho a voto en las elecciones de este noviembre nacieron antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto. En el siglo transcurrido desde entonces, las mujeres estadounidenses no han dejado de acumular derechos. En la década de 1960, la píldora anticonceptiva permitió a las mujeres elegir el número de hijos que deseaban tener. En los años setenta, las leyes de divorcio sin culpa y el caso Roe contra Wade dieron a las mujeres más opciones que habían sido negadas a sus madres. Estos avances parecían irreversibles y a menudo se daban por sentados. Hace dos años, el Tribunal Supremo anuló el caso Roe y devolvió a los Estados la decisión de permitir o no el aborto. Resulta que los derechos también se pueden quitar.
Un tercio de las mujeres estadounidenses de entre 15 y 49 años viven ahora en estados donde el aborto es ilegal o está imposiblemente restringido. Algunos estados han aprobado leyes tan severas y vagamente redactadas que los médicos temen verse obligados a elegir entre arriesgar la vida de una paciente -en caso de aborto peligroso o embarazo complicado- o infringir la ley.
Sin embargo, por sombrío que parezca este cambio, también ha dado lugar al nuevo movimiento político más dinámico de Estados Unidos: una revuelta de millones de estadounidenses que piensan que el gobierno no tiene por qué inmiscuirse en las decisiones privadas. Para muchas mujeres, ese movimiento restaurará o fortalecerá la libertad de elegir. También podría, tal vez, influir en las elecciones presidenciales.
Dobbs, la decisión del Tribunal Supremo que anuló Roe, ha sido un gol en propia meta para el movimiento antiabortista. Sorprendentemente, el número de abortos ha aumentado ligeramente desde que se anunció. Aunque algunos estados prohibieron rápidamente el procedimiento, otros facilitaron su obtención. Además, el regulador federal de medicamentos ha permitido que las píldoras abortivas se receten por correo, lo que ha facilitado a millones de mujeres (incluidas algunas de los estados antiabortistas) el acceso a abortos precoces. Sin embargo, para otros millones de mujeres, conseguir una interrupción legal del embarazo se ha vuelto mucho más difícil. El resultado de la decisión del tribunal, por tanto, ha sido asignar a las personas más o menos opciones en función de dónde vivan.
Más detalles en THE ECONOMIST