Una sucinta relación de hechos:
La industria petrolera venezolana se ha degradado a niveles muy precarios de producción en los últimos 25 años. Una combinación de corrupción, gerencia altamente politizada, despidos masivos de profesionales y la intención abierta de usar nuestros recursos petroleros como un arma geopolítica en una alianza com Irán, China y Rusia, aparte de la entrega de crudo a Cuba, han conducido a nuestra otrora principal empresa a la ruina. Simplemente el hecho de que la producción haya caído de unos 3.5 millones de barriles diarios, lo que era en los comienzos de la presidencia de Hugo Chávez, a menos de 600 mil barriles por día, de acuerdo a fuentes internacionales, dada la opacidad de la información oficial venezolana, es tan solo una muestra del increíble deterioro de PDVSA, otrora una corporación internacional de excelencia.
El caso de CITGO, una empresa venezolana que opera en los Estados Unidos, no constituía una excepción. Agobiada por deudas cuyo origen primario fue la expropiación violatoria de reglas internacionales de la empresa canadiense Crystallex, ejecutada por el gobierno de Hugo Chávez, y la emisión inconstitucional de bonos de la deuda externa entregando como garantía el 50.1 % de las acciones de la empresa, operación en la cual intervinieron venezolanos que ahora pretenden aparecer como defensores de los intereses de los bonistas. La agonizante CITGO fue entregada para su administración por el gobierno de los Estados Unidos, que no reconocía la presidencia de Nicolás Maduro, a la AN del 2015 y al gobierno interino de Juan Guaidó. Estas instancias nombraron como presidente de PDVSA ah hoc, primero a Luis Pacheco y luego a Horacio Medina, ambos destacados líderes de la industria. Este último ha conducido durante los últimos cuatro años, conjuntamente con la Junta Directiva de CITGO, una increíble y patriótica batalla por salvar a CITGO cuyos resultados están a la vista. La empresa pasó de tener números rojos a producir cuantiosos beneficios y ha prácticamente duplicado su valor accionario hasta llevarlo a unos 12.000 millones de dólares.
La situación actual:
CITGO está a punto de perderse, y con ello un activo fundamental para la recuperación de Venezuela se irá por el sumidero sin fondo de una subasta pública que se adelante en una Corte del Estado de Delaware. CITGO “heredó” la demanda de Crystallex y de otras compañías como CONOCO-PHILLIPS contra la República de Venezuela merced a la aplicación de la doctrina legal del alter ego que opera en las cortes norteamericanas e internacionales. Según esta doctrina, si existen compañías, en este caso PDVSA, sobre las cuales se puede demostrar que no tienen independencia corporativa del gobierno responsable por la deuda, sino que actúan como extensiones obedientes del ejecutivo, entonces las deudas de la República se pueden trasladar a su alter ego, es decir las corporaciones. La aplicación indiscriminada y muy discutible de este argumento, le permitió a la Corte de Delaware señalar que habían dos alter ego, uno PDVSA en Venezuela del régimen de Maduro y el otro, PDVSA ad hoc, en los Estados Unidos, del gobierno interino de Juan Guaidó. A las demandas corporativas se le une la acción de los bonistas, y ahora más recientemente, la de un sector de trabajadores e individuos agraviados por las acciones de los regímenes de Chavez y Maduro, que exigen que de la subasta de CITGO se satisfagan sus aspiraciones de compensación. El conjunto de acciones contra CITGO excede los 20.000 millones de dólares, prácticamente el doble de su valor accionario, de modo que una operación de esta naturaleza no alcanzaría para pagarle a los acreedores y probablemente solamente se logrará atender demandas por el orden de la mitad del valor accionario de la corporación.
Se aproxima un punto de inflexión en este drama: el 11 de junio se producirá una decisión de la Corte de Delaware sobre los términos de la subasta de CITGO y ello echará por la borda cualquier intento de salvar este activo de todos los venezolanos. Lo increíble de este caso es que por un lado todas las partes resultarán perdedoras y que, por otro, CITGO no está irremisiblemente perdida. Una acción conciliatoria del más profundo interés nacional todavía puede intentarse.
¿Qué exige el interés nacional?
El Acuerdo de Barbados, que en el fondo ha sido clave para permitir que se se hayan convocado elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio, incluye un apartado importante donde se menciona el interés de las partes, gobierno y oposición, en la defensa de los activos petroleros, especialmente CITGO. Es el momento de invocar este Acuerdo y pedirle por un lado al régimen de Nicolás Maduro, y por otro al naciente liderazgo de la nación encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado que se dirijan conjuntamente al gobierno de los Estados Unidos para solicitar que se extienda la protección a CITGO y que se paralice, por motivos de interés nacional, tanto para los Estados Unidos como para Venezuela la subasta de CITGO. Para Venezuela el interés nacional es evidente. Para los Estados Unidos mantener a CITGO, cuyas refinerías están diseñadas para procesar el crudo pesado venezolano, es de interés estratégico en evitar que los gobiernos autoritarios y enemigos de la democracia occidental como Irán, China y Rusia sigan entrando en Venezuela y comprometan la condición del país como productor petrolero confiable.
Esta propuesta podría parecer completamente descabellada en el ambiente de polarización y conflicto que reina en Venezuela. Evidentemente el único beneficiario de la pérdida de CITGO sería el régimen de Maduro el cual utilizaría este hecho para responsabilizar al gobierno interino de Guaidó, a la líder del renacimiento de la democracia y la libertad en Venezuela, María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Eso es cierto, pero al mismo tiempo sectores importantes del chavismo disidente pueden presionar al gobierno para que, al menos por esta vez, actúe en el interés de la nación y de los venezolanos. Del lado de la oposición, quienes sostiene que MCM y EGU no deben intervenir en el tema de CITGO, porque esto es una suerte de fruta envenenada y que el régimen los va a acusar de su pérdida y la va a usar en la campaña electoral, dejan de lado que la líder de la nación debería asumir la responsabilidad de hablarle con claridad a los venezolanos y de darle al régimen una oportunidad de corregir y, que independientemente de si opinan o no, el régimen los va a responsabilizar de la pérdida de CITGO.
Así las cosas, intentar salvar a CITGO podría ser un primer paso, completamente inesperado, en el duro camino hacia la transición en Venezuela y la reconciliación de los venezolanos. Lo que se debe pedir al gobierno de los Estados Unidos es muy simple: que se se extienda la protección a CITGO hasta que sea posible renegociar la deuda externa venezolana. Independientemente de quien gane las elecciones el 28 de julio. Todo en cumplimiento del Acuerdo de Barbados. La urgencia de la situación exige una acción inmediata. De lo contrario todos, especialmente Venezuela, saldremos perdiendo. El régimen tiene una oportunidad de corregir, por una vez, su conducta frente a los venezolanos y el binomio MCM/EGU puede ejercer un liderazgo iluminado y comprometido. Si el régimen no acepta hacer lo que debe hacer, quedará claro frente al país y el mundo quien tuvo la responsabilidad de que CITGO se perdiera.
Vladimiro Mujica