El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) afirmó este miércoles que el reciente archivo de una investigación fiscal en su contra confirmó que la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19 fue un “proceso limpio”, en el que actuó con transparencia y dentro de la ley.
Vizcarra señaló en un comunicado que la Fiscalía de la Nación estableció que no hay mérito para formular denuncia constitucional en su contra y la de varios exministros porque “no se advierte ninguna acción dolosa” en la compra de pruebas de diagnóstico, el mismo año en que estalló la pandemia a nivel mundial.
Agregó que los requerimientos fueron emitidos por el Instituto Nacional de Salud en función a la capacidad del único laboratorio disponible para las pruebas moleculares y la necesidad de realizar testeos masivos para detectar el virus con las pruebas serológicas.
En el mensaje a la opinión pública, difundido en su cuenta de la red social X, Vizcarra subrayó que la medida fiscal confirma lo que siempre sostuvo, que actuó “con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley” durante su mandato.
Recordó que en una reunión de coordinación, realizada en el Ministerio de Economía, se discutió sobre la escasez de insumos en el mercado mundial y el hecho de contar con solo un laboratorio de diagnóstico en el país.
“Esta decisión es una reivindicación de mi honor y una prueba de que en nuestro país la Justicia puede actuar de manera independiente, imparcial y objetiva”, expresó el exmandatario.
El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, declaró el lunes a la emisora RPP que dispuso no formular denuncia constitucional y archivar la denuncia contra Vizcarra por no tener “indicios de que haya habido una colusión”.
“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que hubo justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes”, explicó.
En paralelo a esa investigación, Vizcarra fue inhabilitado en abril de 2021 por el Congreso peruano para el ejercicio de toda función pública por 10 años por haberse aplicado la vacuna contra la covid-19 “de manera secreta e irregular”.
Esa decisión impidió que el político asuma el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el exmandatario presentó, aún sin éxito, diversos recurso ante el Poder Judicial para buscar revertir la sanción.
En 2022, el pleno del Congreso le volvió a imponer otra sanción para ejercer cualquier función pública durante 5 años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Además, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
EFE