El partido fujimorista Fuerza Popular impulsa una ley en el Congreso que impide que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el período del conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas.
La iniciativa, que ha sido respaldada por una bancada parlamentaria formada por ex comandantes de las Fuerzas Armadas, fue aprobada este jueves por el pleno, en una primera votación, que aún deberá ser refrendada en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
En la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, sustentó el dictamen que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En el proyecto se establece que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional”.
Esto porque, a decir del dictamen, el Estatuto de Roma, que estableció que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Penal Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio 2002.
Además, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.
Por ese motivo, planteó que los delitos cometidos con anterioridad a esos años “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”.
El texto contuvo las propuestas de legisladores de la bancada Honor y Democracia, formada por ex comandantes de las Fuerzas Armadas, y de Fuerza Popular, el partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori e hija del exmandatario Alberto Fujimori.
Este exgobernante (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
Otros funcionarios de su gobierno, como su asesor Vladimiro Montesinos, y jefes militares fueron enjuiciados por estos delitos y en la actualidad por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, los años en que el grupo terrorista Sendero Luminoso desató una guerra contra el Estado peruano, a la que se sumó el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
EFE