La Procuraduría de Colombia presentó un pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos, al frente de la acusación de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por filtrar videos grabados dentro de la investigación a medios de comunicación y por “presiones indebidas” en su interrogatorio.
El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (la más alta instancia de jurisdicción disciplinaria) formuló tres cargos por dos faltas gravísimas y una falta grave.
Entre ellas, “por permitir como director del proceso que se filtraran los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, los cuales aparecieron publicados en medios de comunicación (…) relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano”.
Los videos del interrogatorios fueron publicados después de que Petro Burgos negara que su padre tenía algún tipo de relación con un posible caso de financiación irregular de la campaña, pues en ellos se veía cómo, presionado por la Fiscalía, aceptaba que su el mandatario sabía.
Así, la Comisión también formuló cargos contra el fiscal “por haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara en contra de su familia y obtener con ellos beneficios” y por “cuestionar la responsabilidad de personas ajenas al proceso”.
Esta decisión, sin embargo, “no tiene de momento ningún efecto en el proceso” y Burgos seguirá al frente del caso contra Nicolás Petro, a quien hasta el momento se le han imputado dos delitos por supuestamente recibir dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, para la campaña presidencial de su padre en 2022.
El hijo mayor del mandatario está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que el año pasado, cuando comenzaron las investigaciones en su contra, era diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico (norte).
Nicolás Petro está en su residencia de Barranquilla en detención domiciliaria desde mediados del año pasado. EFE