En poco menos de un mes entra en vigencia una nueva ley en Florida que busca combatir las ocupaciones ilegales de viviendas en el estado del sureste de Estados Unidos, un delito que crece cada vez más en ese país. La nueva normativa permite al propietario solicitar el desalojo “inmediato” de los okupas y tipifica tres delitos para estas prácticas.
Por La Nación
Se trata de la medida HB621, que entra en vigor este 1° de julio junto a otras casi 150 leyes que firmó el gobernador Ron DeSantis. “Los propietarios notaron un aumento en la incidencia de ocupantes ilegales que se apoderan de las casas y se quedan después de ser descubiertos debido a recursos legales inadecuados”, aseguraron los autores del documento aprobado en la Legislatura de Florida.
Los detalles de la ley contra las ocupaciones ilegales de viviendas en Florida
La ley de “eliminación de ocupantes ilegales” crea un nuevo procedimiento opcional para que el propietario solicite a un oficial del sheriff la “expulsión inmediata” de una persona no autorizada de un inmueble residencial, sea porque entró de manera ilegal al domicilio; o bien, debido a que ignora la orden del dueño de abandonar la propiedad o porque no es un arrendatario actual o anterior en una disputa legal.
¿Qué hacer en caso de tener un “okupa” en Florida?
Según establece el documento, el propietario debe comunicarse con el sheriff y presentar una queja “bajo pena de perjurio”, en donde debe enumerar los hechos relevantes que demuestran que puede ser elegible para este tipo de procedimiento. En tanto, “si la queja muestra que el propietario es elegible y el sheriff puede verificar la propiedad de la propiedad,este debe expulsar a la persona no autorizada”, precisa el texto.
Acto seguido, el dueño de la propiedad debe pagarle al sheriff la tarifa de desalojo civil, sumada a una tarifa por hora si un agente debe permanecer quieto y mantener la paz mientras se deporta a la persona no autorizada.
Por otra parte, la ley prevé sanciones más “severas” para quienes ocupen de manera ilegal una vivienda ubicada en Florida o que promuevan este tipo de prácticas. En esa línea, considera como delito menor de primer grado escribir una declaración falsa con el objetivo de transmitir el derecho de propiedad.
Además, ocupar o traspasar ilegalmente una vivienda y causar intencionalmente US$1000 o más en daños se considerará un delito grave de segundo grado. A su vez, se entenderá como delito grave de primer grado anunciar a sabiendas la venta o el alquiler de una propiedad residencial sin la debida autorización o sin ser el propietario legal.
Los propietarios también deben ser cautelosos, ya que una persona “expulsada injustamente de conformidad con este procedimiento tiene causa de acción contra el propietario por tres veces el alquiler justo del mercado, daños, costos y honorarios de abogados”.
Lea más en La Nación