Lo irónico del caso es que su exposición de motivos señala que esa Ley “tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”.
Bonitas palabras y nobles propósitos, sin duda, aunque en la práctica la ley en referencia ha producido resultados totalmente contrarios a los que supuestamente se proponía en teoría conseguir, pues les ha servido a sus promulgadores oficialistas precisamente para imputar por incitación al oído a quien les resulte incómodo y para sembrar temor entre la gente que los adversa. Fascismo puro, por supuesto. Judicialización de la política y de lo electoral, a la usanza de los “juristas del terror” del nazismo.
Porque aplicar una ley como esa, en contraposición de sus motivos y de manera contraria a la equidad, la ponderación y la convivencia, resulta más propia de sistemas totalitarios –cualquiera sea su signo ideológico, aunque, al final, siempre son lo mismo en cuanto a tales prácticas– al convertirla en un instrumento contra los disidentes, aplicada muy discrecional y autoritariamente por fiscales y jueces del régimen, como se ha demostrado hasta ahora.
Todas estas circunstancias han demostrado que la “Ley del Odio” sólo sirve para condenar a los adversarios del régimen, nunca para imputar a los suyos, que han sido y siguen siendo pregoneros del odio, comenzando por su extinto jefe. La verdad es que, a estas alturas del tiempo, ese mamotreto legal siempre ha tenido tal objetivo, calcado de las leyes nazis alemanas y de las comunistas de Cuba, muy propias del totalitarismo que aplasta a la disidencia siempre.
Con ese perverso instrumento a la mano, el régimen chavomadurista se sirve de él para condenar cualquier acto de protesta que intenten sus opositores verdaderos, pues a los otros, como se sabe, los mantiene embozalados y contentos. Poco importa que sea o no grave lo que digan o hagan los disidentes, si al régimen no le gusta, allí está la ley en cuestión para automáticamente someterlos bajo la excusa falaz “de instigar el odio”.
Hoy se cuentan por centenares quienes han sido imputados o condenados en base a la “Ley del Odio”, muchos de ellos sufriendo un infierno en las cárceles, otros secuestrados en sus casas y algunos más exiliados contra su voluntad, pero todos desposeídos de sus derechos de opinión y de expresión, todo lo cual conforma un inaceptable cuadro de exclusión y discriminación dentro de su propio país.
Esta misma semana pasada fueron secuestrados y luego imputados por incitación al odio varios luchadores sociales y políticos en varias partes del país, sin que se cumpla el debido proceso ni tampoco el derecho a la defensa. Esta irregular situación de abuso a los derechos humanos se ha convertido en usual como parte de la represión contra los partidarios de María Corina y Edmundo González, lo que revela su clara intencionalidad política y de abuso de poder, a los fines de pretender detener la victoriosa campaña electoral de este último, quien hoy se perfila como el claro ganador de las elecciones del 28 de julio.
En cambio, esa misma ley nunca se cumple con los insultadores profesionales del canal ocho y de las emisoras y redes sociales del Estado, quienes todos los días aplican su ración de odio letal contra quienes no opinan como ellos. Menos se cumple con el actual locatario de Miraflores ni con la cúpula del poder, quienes, por lo visto, tienen licencia para odiar, por lo cual nunca serán objeto de la ley en referencia. Tampoco se cumple cuando hordas violentas del régimen agreden a sectores opositores, quienes simplemente ejercen sus derechos de opinión y protesta consagrados en la Constitución Nacional.
En definitiva, y muy lejos de sus propósitos teóricos, la ley en comento lo que ha establecido, hasta ahora, son los privilegios oficiales del odio a la hora de imputar y condenar a los adversarios.