Las cárceles venezolanas han vuelto a ser noticia. La breve huelga de hambre que estalló el pasado 9 de junio y que se propagó rápidamente por más de 50 prisiones y centros de detención preventiva ha conseguido que la atención se centre nuevamente en el colapsado sistema penitenciario y ha corroborado que la llamada «revolución judicial» puesta en marcha hace 3años por el Gobierno no ha arrojado los resultados deseados.
«Se la ha dado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda y de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, (para que) regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado por el sistema de justicia».
Con estas palabras, Nicolás Maduro anunció el 21 de junio de 2021 la puesta en marcha de una nueva instancia que se encargaría de combatir el hacinamiento carcelario.
La llamada Comisión para la Reforma del Poder Judicial, encabezada por los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores, tenía la peliaguda tarea de revisar y decidir los casos de las 38.736 personas que en ese momento se encontraban detenidas en calabozos policiales y junto con los cuales la población reclusa venezolana superaba los 81.000, de acuerdo con los datos que manejaba la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.
A la comisión le siguieron reformas aprobadas por el Parlamento al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico de Justicia Militar y Código Orgánico Penitenciario, adoptadas en septiembre de 2021. Más recientemente se produjeron las intervenciones de centros penitenciarios y anuncios como la resurrección de iniciativas tales como las famosas casas de justicia, que buscaban acercar la justicia a las comunidades.
Sin embargo, la huelga carcelaria ha confirmado el fracaso de las medidas.
Entre destituciones y denuncias de complots
La reacción de las autoridades a la crisis siguió el guion que se ha venido aplicando desde hace años frente a situaciones como estas. Así, por un lado, el presidente de la República no se refirió expresamente a la protesta de los reclusos, sino que destituyó de manera fulminante a la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Batista, quien estaba en el cargo desde febrero de 2023; y la sustituyó por el hasta ahora diputado Julio García Zerpa, que ha comenzado a recorrer los distintos centros penitenciarios para escuchar a los familiares de los reclusos.
«Tenemos que construir una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corruptela», le ordenó el mandatario al nuevo responsable de las cárceles.
Por su parte, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, apeló a la conocida carta de la conspiración para explicar los hechos.
«Hay un plan que intenta alterar la estabilidad de los centros penitenciarios», aseguró el funcionario, quien indicó que detrás de la operación estarían «los imperios» que quieren apoderarse de los recursos naturales y del territorio venezolano, como El Esequibo.
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